EL SEC CAMBIÓ SU BLOG DE NOTICIAS
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miércoles, 23 de junio de 2010
lunes, 21 de junio de 2010
SEC respalda acuerdo del Concejo Municipal de San Carlos contra la mina Crucitas
"CONSIDERANDO QUE:
- El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho y de las instituciones públicas a garantizarlo.
- La Municipalidad de San Carlos apoya la defensa del medio ambiente, los Derechos Humanos y la promoción de un desarrollo compatible con la protección del medio ambiente, en el tanto coincidimos con el Convenio de Diversidad Biológica.
- Costa Rica ha apostado por un desarrollo sustentable, basado en la protección del ambiente y no en uno extractor.
- Nuestro país no es de tradición minera, y la historia nos ha enseñado que los pocos desarrollos mineros metálicos, no sólo no han beneficiado al país ni a las comunidades donde se ubican, sino que por el contrario, han dejado una triste fotografía de destrucción; con amplias pruebas de que no es una actividad compatible con el ambiente.
- Los impactos de la minería metálica a cielo abierto son estudiados rigurosamente y existe una tendencia mundial a rechazar esas prácticas.
- La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales, aún con el uso de tecnología de punta.
- Nuestra legislación minera es obsoleta y la legislación ambiental es escueta.
- Hasta la fecha no se ha conocido un instrumento que demuestre una relación positiva entre los costos socio-ambientales y los beneficios económicos del desarrollo que permitan declarar el proyecto de interés público y conveniencia nacional.
- El cambio climático coloca a la humanidad en una disyuntiva entre continuar profundizando sus impactos negativos y generando más condiciones de vulnerabilidad, o la sustentabilidad de la especie humana, lo cual nos obliga a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza.
ACUERDA:
A. Solicitar al Gobierno de la República:
- La derogatoria del Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
- Que éste y sus instituciones anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas.
- Ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años.
B. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero, que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.
C. Ofrecer nuestro Gobierno Local para realizar actividades educativas y de información acerca del tema, para lo cual contará con el apoyo de la Administración Municipal y la Comisión de Ambiente.
D. Manifestar nuestra complacencia por el decreto de la señora Presidenta Doña Laura Chinchilla Miranda, que declara la moratoria en contra de la Minería a Cielo Abierto y apoyar su decisión para modificar nuestras Leyes en el campo minero para cerrar los portillos a estas actividades anti ecológicas.
E. Solicitar a todos los Gobiernos Locales que se adhieran dando su respaldo a la Madre Tierra.
F. Remitir este acuerdo a la Presidencia de la República."
El SEC hace un llamado al pueblo a apoyar y defender el ambiente, y continuar esta lucha contra la minería a cielo abierto. La poca riqueza que quedará en el país producto de esta actividad, nunca suplirá el grave daño ambiental que heredaremos a las futuras generaciones.
Gilberth Díaz Vásquez
Presidente
Marvin Rodríguez Cordero
Secretario General
Jorge Luis Solís García
Secretario de Promoción y Relaciones Públicas
jueves, 17 de junio de 2010
Concejo Municipal de Puntarenas solicita por acuerdo unánime la derogatoria ley 8828 que privatiza los servicios municipales
El Concejo Municipal del cantón central de Puntarenas, acordó ayer 16 de Junio de manera unánime y por acuerdo firme, solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la ley 8828, luego de un profundo análisis donde concluyeron que la misma privatiza los servicios municipales y provocará mayor desempleo y pobreza en Puntarenas.
El acuerdo se tomó con base en el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales de dicha corporación municipal. Este informe concluye que, con la creación de sociedad de economía mixta contempladas en la ley vigente, los Concejos Municipales dejarán de ser órganos de decisión política, para pasar solamente a nombrar los integrantes de las directivas de dichas sociedades, quienes serán los que decidan el rumbo y las políticas de la labor municipal. El mecanismo que contempla la ley para convertir a las municipalidades en los socios mayoritarios de dichas sociedades, tiene portillos que permitirían que "los servicios municipales traspasados a las sociedad mixtas puedan privatizarse por completo".
El informe también señala que la ley afecta los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios que se traspasen a sociedades mixtas se regirán por el lucro, con consecuencias graves para la economía de las comunidades. También se limitan los derechos democráticos de la ciudadanía, ya que los Concejos Municipales perderían toda potestad de decisión política, mientras que el Alcalde pasaría a ser quien tome las decisiones.
La sesión del Concejo contó además con la exposición de Mario Rojas Vílchez, representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Su participación fue coordinada por el sindicato de trabajadores de la municipalidad, que se opone al proyecto. De hecho, la sesión contó con una nutrida asistencia de funcionarios municipales. Rojas señaló que esta ley es inconstitucional, ya que limita la autonomía municipal al sujetarla a las decisiones de las sociedades mixtas, además de que no fue consultada a las corporaciones municipales ni fue debidamente publicada.
El SEC y la CTRN expresaron su satisfacción por este acuerdo, ya que evidencia cómo las mismas Municipalidades se oponen a la ley actual. Ambas organizaciones compartieron el criterio emitido en el acuerdo, y también solicitan a la Asamblea Legislativa la derogatoria de esta ley.
El acuerdo de la Comisión que se aprobó de manera unánime por todo el Concejo Municipal puede ser consultado o haciendo click sobre este texto.
Juramentan representantes del Movimiento Sindical en el INA y la CCSS
La representación estará a cargo del Dr.Agustìn Páez Montalbàn en la CCSS y Tyrone Esna Montero en el INA, ambos por un período de 4 años.
El Dr Páez fue electo por la Centrales Sindicales, mientras que Tyrone Esna ocupa el cargo de Secretario de Educación en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
Asamblea Legislativa confirma archivo de proyecto de ley 16.003 sobre municipalización
La diputada Yolanda Acuña, del Partido Acción Ciudadana, informó ayer en una carta dirigida al SEC, que la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, acordó en su sesión del 15 de Junio, el archivo definitivo del proyecto de ley 16.003 "transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales".
Esta iniciativa fue criticada por el SEC a inicios de Junio, lo que provocó que en días anteriores esta Comisión valorara el archivo del proyecto, el cual se confirma con esta noticia.
UCR desaloja a campesinos que pedían refugio en el campus ante amenazas de muerte por funcionarios del gobierno en la zona norte
Un grupo de campesinos sin tierra que se refugiaron en una casa abandonada de la Universidad de Costa Rica, el pasado 15 de Junio, fue desalojado en la madrugada del día siguiente, sin que se les permitiera exponer su solicitud de refugio ante las autoridades universitarias.
Se trata de un grupo de agricultores de la zona norte, que acamparon frente a Casa Presidencial durante la primera quincena de Junio, para que el gobierno valorara su caso. Ellos afirman que fueron amenazados de muerte por funcionarios del gobierno, por lo que temen por sus vidas. Su campamento fue desalojado por la Fuerza Pública y Policía Municipal el 13 de Junio. Allí la policía también los amenazó con arrestos masivos, por lo que optaron por ingresar el 15 de Junio a la UCR y pedir ayuda a las autoridades del centro. Luego de su entrada, un grupo de estudiantes de diversas carreras se ofreció a ayudarles en la redacción del escrito que presentarían a Rectoría al día siguiente, con fundamentos legales y detalles de su caso.
Al enterarse de lo ocurrido, la Fuerza Pública invadió la casa propiedad de la UCR, violentando de nuevo la autonomía universitaria. Requisaron a los presentes en medio de ofensas y burlas policiales. Sin embargo, tuvieron que abandonar el campus luego de que la policía del centro de estudios asumiera el caso.
Los campesinos expusieron de manera oral su caso ante el abogado de la Rectoría y ante el jefe de Servicio Generales de la Universidad, quienes insistieron en que no permitirían que permanecieran en el sitio. Se planteó trasladarlos a otro lugar con menos espacio, opción que rechazaron por el hacinamiento. Los agricultores les insistieron en que solo deseaban presentarse al día siguiente ante la Rectora y pedir su intervención y protección por su caso, además de permanecer bajo un techo seguro.
Sin embargo, la policía universitaria los desalojó en horas de la madrugada, al ser las 4:50 a.m., hora en que la Universidad ni siquiera había abierto sus portones. Se le ordenó retirarse a la vía pública, siendo expulsados del campus universitario. En medio del incidente, un estudiante de 18 años sufrió un ataque epiléptico. La policía y un paramédico consideraron que el caso no era una emergencia y se negaron a trasladarlo a un centro médico, dejándolo en la acera a la intemperie. Sin embargo, por la presión de los demás estudiantes, fue llevado al Hospital Calderón Guardia, donde los médicos se mostraron muy consternados por el padecimiento del joven.
Aunque se le consultó al jefe policial de la universidad, Jonnhy Badilla, si el desalojo fue ordenado por las autoridades políticas de la Universidad, se negó a responder, limitándose a decir que fue ordenado por "la jefa de todos".
Los agricultores lamentaron que las autoridades de la UCR no les dieran la oportunidad de presentar su caso y de brindarles ayuda humanitaria en el interior del campus, y que en vez de ello los expulsaran del campus. Descartaron presentar la denuncia formal y escrita que ya tenían redactada para entregar ante Rectoría ese mismo día. Afirman que luego de ese desalojo abrupto, desconfiaban de las autoridades universitarias y no creían que, efectivamente, fueran a interesarse por su caso. También lamentaron que ese mismo día, Casa Presidencial les negara de nuevo una solución alternativa a su problema. Ante ello, regresaron a sus pueblos, donde temían volver.
martes, 15 de junio de 2010
SEC coadyuvará en la solución a la problemática de Guanacaste
principal objetivo es incidir en la solución a los diferentes
problemas que enfrenta esa provincia, mediante la elaboración de
planes de acción conjuntos con instituciones de la educación,
gobiernos locales y fuerzas vivas de las comunidades.
En el transcurso de la semana se realizaron diversos foros de
discusión con trabajadores de la educación afiliados al SEC, quienes
con base en el documento "El SEC frente a la difícil situación que
atraviesa la provincia de Guanacaste", construyeron la propuesta que
llevarían a la actividad de clausura, que se efectuó el sábado 12 de
junio, en el Hotel La Calle de Alcalá y que contó con la participación
de una 150 personas.
La Semana Guanacasteca es parte de los actos previos a la celebración
del 198 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y
este año tiene la particularidad de que con los aportes que hicieron
nuestras estructuras en la Región, está en proceso un documento que
será entregado en la actividad oficial que realizará el Ministerio de
Educación en Nicoya el 23 de julio próximo.
Entre los principales problemas que aquejan a la provincia, señalaron
los guanacastecos, están deficiencias en el sistema de salud, escasas
fuentes de empleo, rescate de valores culturales, incremento de
muertes debido a padecimientos renales, especialmente en el Cantón de
Carrillo, donde han acontecido 15 fallecimientos en 2 meses, lo que
hace apremiante la necesidad de contar con un Hospital, pues el Ebais
no brinda todos los servicios adecuados.
Otro aspecto importante por destacar la comercialización de terrenos
sin planificación alguna, especialmente por la falta de planes
reguladores. Señalan un desmedido incremento de las Mega
construcciones, además de los conflictos indirectos que genera este
tipo de edificaciones al incrementar las ventas ambulantes, turismo
sin armonía con la naturaleza, explotación de la mano de obra
extranjera, actividades ilícitas y la amenaza a quedarse sin derecho
al agua.
Los asistentes a las actividades son del criterio que se deben
elaborar estrategias para la seguridad social, beneficio cultural,
social y económico de las comunidades.
Recomiendan dar énfasis al sector educativo, en su incidencia en la
solución a esta problemática.
Campesinos desalojados de Casa Presidencial toman edificio abandonado de la UCR para presionar al gobierno
Los campesinos participaron en la marcha por la defensa del presupuesto universitario realizada hoy. Posteriormente, ingresaron a un una casa abandonada propiedad del centro educativo, y se instalaron en el sitio. Según expresaron, lo hacen no sólo para presionar al gobierno a ver su caso, sino como una medida de refugio, ya que afirman que han sido amenazados de muerte y han sufrido persecusión por parte de la policía. Afirman que con esta medida, esperan que las autoridades universitarias puedan tomar acciones en su caso.
El reclamo de estos agricultores se debe a que han solicitado al gobierno que les otorgue tierras abandonadas en Sarapiquí y regiones aledañas, ya que carecen de tierras. En otros casos, denuncian la usurpación de sus parcelas por terratenientes locales. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Laura Chinchilla ha sido negativa. De hecho, la presidencia se había comprometido para hoy a recibirlos para analizar su caso, sin embargo ni siquiera fueron convocados.
Miles de universitarios marchan para exigir al gobierno no recortar presupuesto de la educación superior
La marcha dio inicio a las 10:00 a.m. desde el pretil de la Universidad de Costa Rica. Contó con la participación de representantes de todas las federaciones estudiantes, sindicatos de trabajadores universitarios, los rectores de las universidades estatales, activistas independientes, campesinos y otras organizaciones.
A lo largo de la marcha, los manifestantes expresaron su rechazo a la propuesta de financiamiento ofrecida por el gobierno. Señalaron la necesidad de que las universidades cuenten con suficientes recursos, debido a la importante función educativa, de investigación y cultural que desarrollan las casas superiores de enseñanza.
Al llegar a la Casa Presidencial, el gobierno recibió a los rectores con su propuesto de financiamiento para las universidades. La propuesta insiste en señalar que la iniciativa ofrecida por el gobierno en la negociación del FEES no es suficiente para garantizar el desempeño de las actividades universitarias, e implica una reducción del ingreso real en estos presupuestos.
SINDICATOS PIDEN AUMENTO DEL 7.2% para sector privado
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Dos propuestas de aumento para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, llegaron ayer hasta la primera sesión del Consejo Nacional de Salarios.
Los sindicatos y confederaciones presentaron una petición de aumento el 7.2%, porcentaje que incluye inflación acumulada, inflación adelantada, productividad y el PIB.
El otro planteamiento fue presentado por la Confederación Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (CUSIMA). Ellos piden un ajuste del 6,7% que incluye inflación vencida y proyectada.
RETO A EMPRESARIOS
Ambas organizaciones se apartaron de la fórmula de cálculo vigente y retaron a los empresarios a hacer un verdadero aumento salarial, que reconozca más que la inflación acumulada, como lo plantea la metodología vigente.
"Los empresarios por lo general lo que hacen es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, cuando se está en crisis dicen todos vamos por parejo pero cuando las vacas gordas llegan ahí no se va por parejo", reclamó Luis Ángel Serrano, de la Central Social Juanito Mora Porras.
Edgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), insistió en la necesidad de trabajar en aprobar una nueva fórmula de cálculo con la que se pueda repartir la riqueza generada.
El próximo miércoles será el turno de los empresarios para que planteen su ofrecimiento de ajuste y el lunes de la próxima semana quedaría definido el aumento que regirá tras la presentación de la posición del gobierno.
Créditos personales de JUPEMA superan expectativas
Comunicado Oficina Comunicación JUPEMA
Los créditos personales que actualmente otorga la Junta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional a todos los cotizantes del sector
educativo han superado las expectativas trazadas originalmente.
Solo en el mes de abril, los créditos otorgados sumaron un total de
¢1.600 millones lo que evidencia el interés que ha suscitado el
programa en los trabajadores y pensionados del Magisterio Nacional.
Los dineros para los préstamos provienen del fondo del Régimen de
Capitalización Colectiva (RCC) que administra la Junta y la creación
de dicha línea crediticia forma parte de las recientes reformas
aprobadas a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional.
Los trabajadores de la educación tienen ahora esta nueva opción que
les permite obtener un crédito personal hasta un monto máximo de ¢10
millones, con una tasa basada en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), más 4 puntos.
Los miembros del Magisterio Nacional interesados en solicitar estos
préstamos a través de la Junta de Pensiones pueden acercarse a sus
oficinas centrales, ubicadas 25 metros al norte de la antigua Casa de
Matute Gómez, o bien acudir a las sucursales instaladas en distintos
puntos del país.
La información sobre los requisitos la encontrarán en la página web
www.pensiones.co.cr
lunes, 14 de junio de 2010
SEC respalda la lucha de las universidades estatales en exigencia de un presupuesto adecuado para la educación superior
En el marco de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES, que establece el presupuesto que gira el gobierno a la educación superior pública, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, respalda a las universidades estatales en su lucha para que se les otorgue un presupuesto acorde y suficiente para realizar sus labores de investigación y educación superior.
Las universidades estatales son un baluarte de la educación pública costarricense. Durante décadas, han formado a decenas de miles de profesionales en todos los campos, que hoy contribuyen con su trabajo a la economía nacional. Pero si las universidades carecen de fondos suficientes para investigar, para impartir lecciones, para fomentar la cultura y el deporte, y para ampliar y mejorar su infraestructura, se está poniendo en riesgo la formación de miles de futuros profesionales, lo que tendrá graves consecuencias para el país. El recorte de los presupuestos adecuado es tan perjudicial, que los mismos estudiantes y funcionarios de estas universidades, llaman a protestar para presionar a la administración pública a otorgarles los recursos que requieren.
Resulta contradictorio que mientras existe una voluntad política para incrementar al 8% del PIB el presupuesto educativo, hoy el gobierno aduzca que no existen recursos suficientes para asignar a las universidades estatales los fondos que solicitan. Invertir en educación pública es la única manera de construir mayores oportunidades para reducir la pobreza y garantizar la estabilidad económica y social de miles de familias. Limitar el presupuesto a las universidades públicas, es abrirle el camino a la privatización de la educación superior, porque serían las universidades privadas e institutos parauniversitarios los que absorberían a esa multitud de estudiantes que no pueden ingresar a los centros educativos superiores públicos. No permitamos que la educación superior se convierta en un privilegio para unos pocos favorecidos, ya que esto provoca la privatización de la enseñanza universitaria, la reducción del acceso a oportunidades de formación profesional, aumenta la brecha y la desigualdad social que sufre hoy en día Costa Rica.
Instamos al gobierno a que no escatime la inversión en este campo, y que en la negociación del FEES, considere la enorme importancia de financiar adecuadamente a nuestros centros educativos públicos, y por tanto les brinde el presupuesto que solicitan. Llamamos a todo el magisterio y demás sectores sociales, a permanecer alertas ante esta negociación, ya que los resultados de la misma, afectan directamente a toda la sociedad.
domingo, 13 de junio de 2010
Policía Municipal de San José desaloja en medio de amenazas a campesinos que protestaban frente a Casa Presidencial
El desalojo inició cerca de las 6:30 a.m. La acción policial ocurrió sin previo aviso, sin que los policías se identificaran, y sin exponer documentos que justificaran legalmente la acción. No permitieron que los campesinos recogieran sus pertenencias, inclusive se llevaron la comida y objetos personales de estas personas. Posteriormente, tractores de la Municipalidad de San José destruyeron los improvisados ranchos en que se encontraban acampando. La actuación policial ocurrió en medio de amenazas. De hecho, los manifestantes denuncian que Niels Ching, subjefe policial de San José, amenazó a los presentes diciéndoles que si veía en otros sitios en los alrededores de Zapote, procedería a expulsarlos del lugar. Para evitar que existieran pruebas del desalojo, una oficial de policía ofreció a un particular hasta 50 mil colones para llevarse las fotografías y videos que tomaron en la zona, mientras otro policía amenazó con llevarse las cámaras fotográficas.
Los manifestantes tienen dos semanas de permanecer frente a Casa Presidencial, para solicitar al Gobierno los títulos de propiedad de unas tierras abandonadas propiedad del Estado, ubicadas en Puerto Viejo de Sarapiquí. Se trata de unas 60 familias de campesinos sin tierra, muchos de ellos no tienen o no concluyeron los estudios, por lo que necesitan la tierra para trabajar. El gobierno de Laura Chinchilla no ha resuelto el caso, solamente ha enviado en estos días a algunos funcionarios a hablar con estas personas, a quienes les dicen que les programarán una reunión próximamente, pero cada vez que son citados, las reuniones son canceladas por el gobierno.
Los campesinos expresaron su malestar con el gobierno de Chinchilla, ya que se sienten burlados por las autoridades, que nos les resuelven sus problema. En vez de ellos, los han hostigado de múltiples formas. Por ejemplo, el pasado jueves les decomisaron 2 vehículos propiedad de su propieda, y arrestaron a una mujer, a quien también llevaron a Migración, donde la ofendieron y la maltrataron de palabra. Ella resultó muy afectada por este incidente.
sábado, 12 de junio de 2010
Salud y empleo, mayores preocupaciones de la X Semana Guanacasteca
El día de hoy se dedicó al análisis de la propuesta "El SEC frente a la difícil situación atraviesa la provincia de Guanacaste", producto de esa misma actividad celebrada el año anterior, con la finalidad de enriquecerlo y poder entregarlo en la actividad oficial que realizará el Ministerio de Educación en Nicoya el 23 de julio próximo.
"El SEC ya tiene el espacio en esa reunión y presentaremos los aportes que de aquí salgan hoy", dijo Fanny Sequeira, Secretaria de Educación del SEC y coordinadora de la actividad, quien además aseguró que el objetivo es incidir en las soluciones a los diferentes problemas que enfrentan los guanacastecos.
Entre los principales problemas que aquejan a la provincia, señalan los asistentes a esta celebración, están deficiencias en el sistema de salud, escasas fuentes de empleo, rescate de vallores culturales,
La actividad concluirá mañana con la propuesta final que se entregará al MEP.
Cabe mencionar que el presidente del SEC, Gilberth Díaz, instó a los guanacastecos a realizar un esfuerzo extra porque se de a conocer el verdadero árbol de Guanacaste, ya que el que siempre se ha difundido por varios medios e internet, no corresponde a la realidad.
Confederación Sindical Internacional presenta informe de violación a libertades sindicales en Asamblea de la OIT
La Confederación Sindical Internacional, CSI, presentó el pasado 9 de Junio un informe ante la 99 Asamblea Internacional de la Organización Internacional de Trabajo OIT, sobre las violaciones a los derechos sindicales en el mundo. En relación con el caso de Costa Rica, el informe indica que la situación sindical continúa desmejorando, el gobierno no garantiza el libre ejercicio de libertades sindicales, y se persiguen trabajadores por ejercer su derecho a sindicalizarse.
El informe señala que a pesar de que los derechos sindicales básicos estén garantizados por ley, y las y los trabajadoras tienen derecho a unirse a sindicalizarse sin autorización, no se ha establecido ninguna fecha límite para que las autoridades administrativas tomen una decisión con respecto al registro de sindicatos. Los extranjeros no pueden ocupar cargos ni puestos de autoridad en organizaciones sindicales. Aún cuando las acciones antisindicales están prohibidas, las sanciones y los procedimientos de reparación son lentos e ineficaces, y se puede tardar cuatro años en obtener una decisión clara al respecto. Otra denuncia es que para llevar a cabo una huelga legal, al menos el 60% de las personas del lugar de trabajo deberán aprobarla. La lista de los servicios esenciales sobrepasa la definición de la OIT. También se amenaza el derecho fundamental de negociar convenciones colectivas de trabajo.
La CSI denunció que los empleadores del sector privado se niegan a reconocer los sindicato, y despiden a los trabajadores que tratan de afiliarse a alguno. En vez de ello, el gobierno fomenta la creación de asociaciones solidaristas, que a criterio de esta confederación, "es un movimiento costarricense con un enfoque clientelista y paternalista de la negociación colectiva, que se opone permanentemente a la creación de verdaderas organizaciones sindicales libres e independientes."
Finalmente el informe reafirma que, ante esta situación no existe ningún mecanismo de promoción del derecho a la libertad sindical por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Por el contrario, el MTSS promociona un sistema "alternativo" al sindicato que limita la autoridad y autonomía de los trabajadores/as y cuestiona instrumentos sindicales reconocidos internacionalmente, como la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y agrega que la protesta social está siendo criminalizada.
El informe completo puede ser consultado haciendo click sobre este texto.
Fotografía: OIT - www.ilo.org
viernes, 11 de junio de 2010
Edición del periódico El Educador Junio de 2010
La edición en línea del periódico se puede consultar haciendo click sobre este texto, o en nuestro sitio web www.seccr.com
En la edición de este mes podrá encontrar los siguientes artículos:
- Editorial: La educación pública bajo constante amenaza.
- En vísperas del Encuentro Deportivo 2010.
- El engaño de la dolarización y sus graves efectos en otras naciones.
- San Ramón y Hatillo de suman a la lucha por la salud.
- Gracias a gestiones del SEC archivan proyecto de ley de municipalización.
- Avanza proyecto de incentivo de peligrosidad para guardas.
- Veto al aumento salarial de diputados fue usado para favorecer imagen de Presidenta Chinchilla.
- Estudiantes y padres de familia denuncia medidas extremas de seguridad en el CTP de Acosta.
- SEC busca suscribir convención colectiva para todo el Magisterio.
- SINTRAJAP denuncia nuevas violaciones a libertades sindicales y derechos laborales.
- Deberes y derechos estipulados en la Ley de VIH SIDA.
- SEC realiza talleres de diagnóstico curricular en la educación pública.
- Costa Rica no cumple con la erradicación del trabajo infantil.
- Instructivo para la elaboración de informes de las Secretarías regionales y zonales de Finanzas.
- Regional 27 de Puntarenas agradece presencia a afiliados en actividades del SEC
- CTRN destaca el papel del SEC en el incremento del presupuesto para educación.
- Instructivo para la elaboración de actas.
- Además, los suplementos del CENADI y del Instituto de Desarrollo Profesional.
jueves, 10 de junio de 2010
Comisión de la OIT brinda conclusiones sobre caso de violación a libertades sindicales en Costa Rica
Hoy 10 de Junio, el Presidente de la Comisión de Aplicación de Normas de la 99 Conferencia Internacional de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), dio lectura a las conclusiones sobre el caso de Costa Rica que se discutió el día de ayer, donde Rodrigo Aguilar, representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, expuso algunas violaciones a los derechos laborales en Costa Rica, como la no aplicación del convenio 98, que contempla el derecho de sindicación y negociación colectiva.
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno ha solicitado una misión de asistencia técnica de la OIT.
La Comisión constató que a pesar de que los problemas persisten desde hace años y de que este caso se ha discutido en varias ocasiones, no ha habido suficientes progresos en la aplicación del Convenio ni en la legislación ni en la práctica, si bien el nuevo Gobierno indica ciertos esfuerzos y acciones para conseguir mejoras en la aplicación del convenio. Por lo tanto, La Comisión expresó la firme esperanza de que en un futuro muy próximo podrá constatar progresos sustanciales en la aplicación del Convenio y confió en que los proyectos de Ley que cuentan con consenso tripartito sean tramitados y adoptados sin demora.
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión de Expertos ha planteado en numerosas ocasiones los problemas relativos a la lentitud e ineficacia de los procedimiento sancionatorios y de reparación en caso de actos antisindicales, a la anulación de cláusulas de ciertas convenciones colectivas y a la importante desproporción entre el número de convenciones colectivas y el de arreglos directos concluidos con trabajadores no sindicalizados.
La Comisión de expertos saludó también la evolución jurisprudencial y cree entender que en 2008-2009 no ha habido nuevas anulaciones de cláusulas de convenciones colectivas. La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental declaró la voluntad del Gobierno de superar los problemas en curso y se refirió a un proyecto de reforma que cubre diferentes mejoras en relación con el convenio, incluida la celeridad y eficacia de los procedimientos judiciales y una nueva regulación del derecho de negociación colectiva en el sector público, y que ha sometido a la Asamblea Legislativa para su trámite prioritaria; se ha consensuado una agenda en la Comisión Tripartita Nacional que incluye también el análisis de la cuestión de los arreglos directos con trabajadores no sindicalizados y la mejora de los procedimientos de negociación en el sector público.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno ha solicitado una misión de asistencia técnica de la OIT.
La Comisión constató que a pesar de que los problemas persisten desde hace años y de que este caso se ha discutido en varias ocasiones, no ha habido suficientes progresos en la aplicación del Convenio ni en la legislación ni en la práctica, si bien el nuevo Gobierno indica ciertos esfuerzos y acciones para conseguir mejoras en la aplicación del convenio. Por lo tanto, La Comisión expresó la firme esperanza de que en un futuro muy próximo podrá constatar progresos sustanciales en la aplicación del Convenio y confió en que los proyectos de Ley que cuentan con consenso tripartito sean tramitados y adoptados sin demora.
Rodrigo Aguilar, Secretario General de la OIT, expresó que "sinceramente no tengo satisfacción alguna con el producto. Cuando el Sr. Cortebec, nuestro vocero, había solicitado un párrafo especial, este resultado es sumamente blando, y nos traslada la pelea al propio país."
¿Cómo elaborar un acta?
El Comité de Control y Fiscalización, pone a disposición de las estructuras regionales y zonales del SEC, este instructivo para la elaboración de las actas y los acuerdos en sus reuniones. Esperamos que el mismo les sea de utilidad en su labor.
Antes que nada, cabe señalar que el acta es la materialización de las deliberaciones de cada reunión. Debe tener un encabezado con el número de la sesión, indicar si la reunión es ordinaria o extraordinaria, el lugar, la fecha y la hora de inicio de la misma, debe enlistar el nombre de los asistentes, indicar quién preside la reunión, quién funge como secretario de actas, señalar los miembros ausentes, justificados e injustificados, y la presencia de eventuales invitados.
El cuerpo del acta está compuesta por el orden del día, los artículos o temas contenidos en la agenda, la referencia clara y precisa de cartas o documentos que se van a analizar, el análisis y discusión de los temas, votación efectuada y los acuerdos; así como la hora de la finalización de la sesión.
Los acuerdos son la manifestación de poder por parte de una autoridad
legitimada para ello, los cuales deben tomarse voluntariamente por la mayoría de los presentes en la sesión (la mitad más uno). Los acuerdos deben quedar en firme para ser ejecutados, lo cual se debe expresar claramente poniendo al final del acuerdo "acuerdo en firme". Los acuerdos en firme no pueden ser modificados posteriormente, excepto ante un recursos de revocatoria.
El acta puede dividirse en capítulos o artículos numerados. Cada ítem del orden del día debe ser considerado como un artículo aparte. Es importante no dejar nunca renglones en blanco en las actas, para evitar alteraciones futuras.
El acta debe ser pasada a mano al Libro de Actas de la regional o zonal, el cual debió ser debidamente legalizado y firmado por el Secretario General y Secretario de Actas, tal y como lo establece el Estatuto del SEC.
Instructivo para la elaboración de informes de las Secretarías regionales y zonales de Finanzas
Para facilitar el trabajo de los secretarios de finanzas de las estructuras regionales y zonales, la Secretaría de Afiliación y Finanzas del SEC facilita el siguiente manual para la elaboración de los informes económico de dichas estructuras.
Los documentos que se deben presentar en el informe de finanzas son los siguientes:
- estado de cuenta del Banco,
- copia del libro de actas, donde aparecen los acuerdos de los gastos aprobados por la Junta Directiva,
- copia del libro de finanzas, en el cual se demuestra el saldo del libro igual al saldo que aparece en el informe,
- facturas o recibos originales,
Además, en los casos en que las facturas o recibos no sean timbrados, las mismas debe contener como requisito mínimo:
- nombre completo a quien se le paga la factura o recibo,
- número de cédula,
- número de teléfono,
- dirección exacta del negocio,
- firma igual a la contenida en la cédula,
Se les recuerda que todo desembolso debe efectuarse vía cheque, preferiblemente a nombre de quien brindó el servicio.
Estos son otros aspectos para recordar a la hora de elaborar el informe de finanzas:
• Anotar en el recibo o factura claramente si pertenece el pago a zonal o regional, y el número de acuerdo al
que pertenece,
• Controlar que no se sobregire el monto mínimo de la cuenta bancaria.
Los contratos deben de ser firmados únicamente por el representante legal (Secretario General del Directorio Ejecutivo Nacional).
Si el cheque no es retirado por el beneficiario, lo puede retirar una persona debidamente autorizada por el beneficiario y con fotocopia de la cédula de identidad.
Todo ingreso extraordinario debe ser reportado en el Informe de Finanzas
Los documentos que se deben presentar en el informe de finanzas son los siguientes:
- estado de cuenta del Banco,
- copia del libro de actas, donde aparecen los acuerdos de los gastos aprobados por la Junta Directiva,
- copia del libro de finanzas, en el cual se demuestra el saldo del libro igual al saldo que aparece en el informe,
- facturas o recibos originales,
Además, en los casos en que las facturas o recibos no sean timbrados, las mismas debe contener como requisito mínimo:
- nombre completo a quien se le paga la factura o recibo,
- número de cédula,
- número de teléfono,
- dirección exacta del negocio,
- firma igual a la contenida en la cédula,
Se les recuerda que todo desembolso debe efectuarse vía cheque, preferiblemente a nombre de quien brindó el servicio.
Estos son otros aspectos para recordar a la hora de elaborar el informe de finanzas:
• Anotar en el recibo o factura claramente si pertenece el pago a zonal o regional, y el número de acuerdo al
que pertenece,
• Controlar que no se sobregire el monto mínimo de la cuenta bancaria.
Los contratos deben de ser firmados únicamente por el representante legal (Secretario General del Directorio Ejecutivo Nacional).
Si el cheque no es retirado por el beneficiario, lo puede retirar una persona debidamente autorizada por el beneficiario y con fotocopia de la cédula de identidad.
Todo ingreso extraordinario debe ser reportado en el Informe de Finanzas
Costa Rica no cumple con la erradicación del trabajo infantil
Con motivo del Día Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, que se conmemora el próximo 12 de Junio, es necesario hacer un análisis del incumplimiento de la eliminación de todas las formas de trabajo infantil en Costa Rica.
Las organizaciones sindicales hemos apoyado campañas internacionales sobre este tema. El SEC ha abordado este tema desde hace ya muchos años, tal es el caso que ya en el año 2004, participó en un esfuerzo conjunto de la centrales sindicales, para obtener información sobre el estado del trabajo infantil en Costa Rica. Producto de esta investigación, se dictó el Plan Nacional Sindical para la Erradicación del Trabajo Infantil. Más recientemente, el SEC ha impartido talleres y participado en campañas para sensibilizar sobre la importancia de erradicar este fenómeno.
Aún cuando los sindicatos y otras organizaciones hemos hecho esfuerzos importante por la erradicación del trabajo infantil y adolescente, el fenómeno aún sigue presente, debido a factores sociales que lo impulsan, y a la falta de acciones directas del Estado, que hagan cumplir efectivamente las leyes en la materia.
Y es que uno de los principales causantes de que los menores de edad tengan que trabajar, es la situación de probreza en sus hogares, que los obliga a dedicarse a labores remuneradas, o en muchos casos, al trabajo de campo en fincas familiares. Lamentablemente, esto provoca que el menor de edad tenga que abandonar parcial o totalmente sus estudios. Aunque el gobierno otorga becas, es un hecho que los montos de las mismas no alcanzan para impedir que los menores trabajen. Además, el problema es integral, ya que el crecimiento de la pobreza producto de la desigualdad social y las política neoliberales, provoca que siempre hayan más jóvenes forzados a dejar su estudio por el trabajo.
La manifestación más lamentable de este fenómeno, es la explotación sexual comercial. Es un secreto a voces que decenas de niñas y niños son explotados sexualmente, muchos de ellos inclusive ejercen la prostitución en las vías públicas o en importantes hoteles. Sin embargo, aunque el gobierno conoce esta realidad, no existen políticas claras que impidan esta realidad.
Nuestro país está suscrito a convenios internacionales que protegen a los menores de edad de la explotación laboral y el trabajo. Sin embargo, estas iniciativas quedan en el papel, porque en la práctica, cerca de un 10% de menores de edad trabaja, tanto en sectores formales como informales.
Aún cuando los sindicatos y otras organizaciones hemos hecho esfuerzos importante por la erradicación del trabajo infantil y adolescente, el fenómeno aún sigue presente, debido a factores sociales que lo impulsan, y a la falta de acciones directas del Estado, que hagan cumplir efectivamente las leyes en la materia.
Y es que uno de los principales causantes de que los menores de edad tengan que trabajar, es la situación de probreza en sus hogares, que los obliga a dedicarse a labores remuneradas, o en muchos casos, al trabajo de campo en fincas familiares. Lamentablemente, esto provoca que el menor de edad tenga que abandonar parcial o totalmente sus estudios. Aunque el gobierno otorga becas, es un hecho que los montos de las mismas no alcanzan para impedir que los menores trabajen. Además, el problema es integral, ya que el crecimiento de la pobreza producto de la desigualdad social y las política neoliberales, provoca que siempre hayan más jóvenes forzados a dejar su estudio por el trabajo.
La manifestación más lamentable de este fenómeno, es la explotación sexual comercial. Es un secreto a voces que decenas de niñas y niños son explotados sexualmente, muchos de ellos inclusive ejercen la prostitución en las vías públicas o en importantes hoteles. Sin embargo, aunque el gobierno conoce esta realidad, no existen políticas claras que impidan esta realidad.
Deberes y derechos estipulados en la Ley General de VIH SIDA
Como parte de la labor de formación permanente de nuestra afiliación en el tema del VIH SIDA, analizaremos algunos aspectos básicos que contempla la Ley General de VIH SIDA, aprobada en 1998.
Esta ley prohíbe la discriminación con las personas que tienen VIH SIDA, al contemplar el pleno respeto de sus derechos humanos, en sus artículos 3 y 4. Igualmente, establece el derecho de estas personas a contar con información clara sobre su condición, y a recibir "asistencia médico-quirúrgica, psicológica y de consejería; además, a todo tratamiento que le garantice aminorar su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones originadas por la enfermedad" (artículo 7).
La ley también contempla la prohibición de ser discriminado en el trabajo y en los centros de enseñanza, por tener VIH SIDA. De hecho, ningún patrono ni tampoco los centros educativos, pueden solicitar por ningún medio, la realización de la prueba de VIH como requisito para ingresar a dichas instituciones. Esto por cuanto se establece el principio de confidencialidad, que obliga al personal de salud a no divulgar la condición del paciente. Semejante protección también aplica a las cárceles. Sí es obligatorio realizarse la prueba si un médico lo estima necesario para atender la salud del paciente, cuando se requiera para fines procesales penales, en casos de divorcio, y para las donaciones de sangre, órganos o leche.
Si la prueba indica que se porta el virus del VIH, el personal de salud debe informar al paciente sobre su condición, los riesgos de contagio, el derecho a la asistencia de salud, y el deber de informar a sus contactos sexuales sobre su condición.
Como parte del tratamiento de salud, el Estado podrá destinar recursos para la creación y fortalecimiento de albergues para la atención de pacientes. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar directamente a los pacientes los medicamentos antirretrovirales específicos para el tratamiento del VIH-Sida.
La ley también contempla aspectos preventivos. Por ejemplo, el artículo 24 establece que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, están obligadas a fortalecer las campañas educativas sobre el uso del preservativo. Otra medida preventiva, es que los moteles están obligados a entregar como mínimo dos preservativos como parte de su servicio básico. En el caso de las cárceles, estas también tienen el deber de facilitar condones a las personas privadas de libertad.
El artículo 30 establece que el Ministerio de Salud debe informar a la población en general y particularmente a los sectores más vulnerables, sobre la problemática del VIH-Sida con datos científicos actualizados sobre la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, las campañas preventivas no son masivas, ya que algunos sectores conservadores aún sostienen tabúes sobre el tema, que impiden una mayor información pública.
Algo similar ocurre con el artículo 31, que señala la necesidad de incluir en los programas educativos temas sobre los riesgos, las consecuencias y los medios de transmisión del VIH, las formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos humanos, temas que no son abordados en la enseñanza.
La normativa también regula a los centros de salud que realicen acupuntura, a las salas de tatuajes y otros establecimientos similares, ya que los obliga a contar con equipos seguros y limpios, materiales desechables y a estar capacitados sobre la prevención del VIH SIDA.
SEC busca suscribir convención colectiva para todo el Magisterio
Con la finalidad de seguir respondiendo a sus principios y objetivos, en el plano reivindicativo, desde hace aproximadamente poco más de un año, el SEC se dio a la tarea de elaborar una convención colectiva que se negociará con el MEP y asegure los derechos a los trabajadores de la educación.
En una entrevista al Lic. Frank Ulloa Royo, tratamos de que nuestra afiliación conozca detalles de la Convención Colectiva que el SEC someterá a negociación con el Ministerio de Educación Pública, que de conformidad con el Artículo 58 del Código de Trabajo y el Reglamento de Negociación Colectiva en el Sector Público, contempla lo relativo a: a) la intensidad y calidad del trabajo; b) la jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones; c) los salarios; d) las profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda; e) la duración de la convención y el día en que comenzará a regir.
¿Puede el SEC suscribir una convención colectiva?
Sí, ya que es un sindicato industrial que incluye todas las profesiones relativas a la administración, servicios y la propia educación como proceso, y que cuenta con los requisitos legales para plantear esta negociación colectiva, en materia de afiliación y legitimidad, conforme lo requiere el Código de Trabajo.
El Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, SITRACOME, decidió acompañar en esta propuesta al SEC, ya que deberá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que se pongan de acuerdo.
¿Quiénes se benefician de esta negociación?
Todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que laboran para el MEP, o donde éste es parte solidaria en cuanto a su responsabilidad laboral, por la utilización de terceros intermediarios del proceso educativo que es una función propia del Estado.
En el ámbito funcional, las normas se aplican al conjunto de actividades y servicios prestados por el personal docente, administrativo-docente, técnico-docente, administrativos y programas en que sea parte el Ministerio. En todo el territorio nacional al personal mencionado y en el extranjero aquellos que presten sus servicios, o gocen de una beca de estudios, pasantía de trabajo o asesoría de cualquier naturaleza.
¿Por qué se dice que la Convención colectiva es un conjunto de garantías mínimas?
Porque las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible. La Convención absorbe cualquier otra normativa y según el principio protector a favor del trabajador, se aplica la norma más favorable de las leyes existentes, lo que significa que deben respetarse los derechos adquiridos más beneficiosos.
¿Qué importancia tiene asegurar que las relaciones laborales se rijan por el Código de Trabajo y la negociación colectiva?
Debido al interés de los sectores liberales de acabar con el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, por medio de diversas iniciativas de ley, es importante suscribir una Convención colectiva de trabajo que asegure un régimen de relaciones laborales regida por principios laborales que benefician y protegen al trabajador.
El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios tienen por objeto la tutela del trabajo humano por cuenta ajena; regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores.
¿Cuál es la función tutelar de la Convención Colectiva de Trabajo?
El trabajo, aún en el Estado, genera relaciones de explotación entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte y otra débil. Por ello, el Derecho laboral y la convención en particular, tienen la función de tutelar a los trabajadores, tendiendo sus normas a restringir la libertad del Estado para regular unilateralmente estas relaciones, siendo aquel además un limite constitucionalmente valido, derivado de los artículos 61 y 74 de nuestra Constitución Política. Se busca con ello lograr una estructuración social tutelada por normas a la medida de las necesidades concretas del sector educación. La vinculación a la negociación colectiva lo es a su conjunto y totalidad, no pudiendo ninguna de las partes vincularse por separado a sus diversos elementos, ni pudiendo atenderse de manera fraccionada, sin considerar las condiciones globales y totales del conjunto, todo de conformidad con el principio cristiano de justicia social.
¿Cuál es la función de los principios generales del derecho de trabajo?
La Convención Colectiva de trabajo incorpora los principios del derecho del trabajo, para regular las relaciones entre el MEP y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Existen numerosos principios como el principio de continuidad de la relación laboral, o el principio interpretativo: en la duda debe estarse a favor del trabajador; o a igual trabajo igual salario. Estos principios tienen, por lo general, dos funciones fundamentales, a saber: servir como fuente supletoria cuando la ley o la convención colectiva deja vacíos o lagunas y no existe jurisprudencia, uso o costumbre aplicable. Una segunda función es servir como fuente interpretadora, es decir, sirven también para interpretar la normativa vigente, cuando ésta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles.
¿Qué es el principio protector y cuál es su importancia?
El principio protector es el principio más importante del Derecho laboral. Es el que lo diferencia del Derecho civil. Parte de una desigualdad que trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra.
Siguiendo al jurista uruguayo Américo Plá Rodríguez, el principio protector contiene tres reglas esenciales: la aplicación de la norma más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador; la regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador y la regla del in dubio pro operario: entre interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador.
¿Qué otros principios están presentes en la Convención colectiva de trabajo que impulsa el SEC?
a) Irrenunciabilidad de derechos: presente también en el artículo 74 de la Constitución Política y 11 del Código de Trabajo. Establece la imposibilidad del trabajador de privarse voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables.
b) Primacía de la realidad: estable que la realidad de lo que hacemos va a prevalecer y deben pagarnos por lo que hacemos, no por lo que diga un contrato o un reglamento. No importa lo pactado, tampoco la denominada autonomía de la voluntad, o las potestades extraordinarias del MEP.
Este principio se establece en la Convención Colectiva del SEC, por ello, se eliminan conceptos tales como las funciones inherentes al cargo, que es una forma en que nos aumentan la carga de trabajo sin pagarnos más salario, o nos hacen trabajar horas extras sin pagarlas, como cuando vamos a una Feria científica u otra actividad similar. Una vez negociada la Convención Colectiva, regirá lo pactado en la contratación colectiva, en cuenta este principio, por lo que la demostración de la realidad laboral será lo que prevalezca. Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, esta última será la que tiene efecto jurídico.
Este principio es reiterado por la Sala Constitucional y viene a resolver injusticias manifiestas, como que se encuentre nombrado en un puesto y realice funciones nuevas y muy diferentes de aquel puesto, sin que se le reconozcan salarialmente.
c) Buena fe: se presume que las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe, como objetivo, que es la misma razón de ser de lo pactado. Es por ello, que quien invoque la mala fe, debe demostrarla con pruebas idóneas. Es por ello que para la interpretación de este convenio se entenderá incorporada cualquier norma o condición más beneficiosa a la persona trabajadora o al SEC, asimismo se respetarán los principios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
d) Razonabilidad: Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos, científico técnicos y de justicia, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. Este se amplía por las comisiones paritarias, que buscarán el sentido exacto de las normas pactadas.
¿Por qué la Convención colectiva protege la estabilidad laboral y se prohíben formas de contratación como las que se emplean para los guardas, conserjes y otro personal interino?
Concretamente se prohíben las formas de contratación por medio de intermediarios que buscan limitar garantías sociales y de seguridad social. Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento. El Principio de continuidad laboral es uno de los más desarrollados en la normativa de la convención colectiva del SEC, no por casualidad, sino por una sentida necesidad de regulación para evitar los vicios de contratación en perjuicio de las garantías básicas del Código de Trabajo y la propia Ley de Carrera Docente.
Esto permitirá tener trabajadores estables y productivas, capacitación coherente con los puestos que ocupan y permanente en el tiempo, sin que se vean interrumpidos por accidentes en la contratación. Su aplicación adecuada, permite hacer una carrera administrativa o docente dentro del MEP y una larga duración al contrato de trabajo, por el hecho de ser ésta la principal fuente de ingresos del trabajador.
¿Qué es la Comisión paritaria que se propone y como se incorporan otras organizaciones a esta convención?
Son los nuevos órganos de gestión laboral bipartitos e igualitarios, que vienen a orientar, prevenir y reglamentar las relaciones de trabajo en el MEP. Se crea una comisión temporal, que buscará en el menor plazo resolver un problema histórico relativo a las formas de contratación laboral, para aquellas personas que han venido laborando en condiciones de inestabilidad.
La Comisión Paritaria de Relaciones Laborales estará integrada por 8 representantes de la parte sindical, designadas por el SEC y 8 del MEP.
¿Cómo propone la Convención reorganizar las cargas laborales y la organización del proceso educativo en el MEP?
Propone una modificación al modelo de organización del trabajo y de los puestos actuales, para ajustar los salarios a los puestos y las cargas reales de trabajo. Si bien la organización del trabajo continúa siendo una facultad exclusiva del MEP, se norma para mejorar e incrementar las prestaciones de servicios a la Comunidad Docente y Administrativa y a la sociedad en general.
Se limita el número de niños y niñas por sección, no pudiendo en ningún caso ser mayor de 20. Se reduce por cada adecuación significativa 7 alumnos. No podrá ser superior a 2 adecuaciones significativas por docente y necesariamente se le deberá asesorar, ser visitado regularmente por un asesor, al menos una vez a la semana, visita que deberá ser de seguimiento y la ejecutará el "docente de apoyo" o el "itinerante" especializado en educación especial en los énfasis que requiera el educando. Asimismo, se propone racionalizar, mejorar y evaluar métodos, procesos y resultados de trabajo para lograr una mayor eficiencia en la gestión de la educación preescolar, primaria y secundaria, y adecuar el personal requerido a las necesidades reales de los distintos servicios. Una importante innovación son los cursos de Lesco, de lenguas nativas y de tecnologías para personas con discapacidad, serán promovidos de manera intensa entre los alumnos, docentes y personal administrativo, para asegurar su incorporación plena al proceso educativo.
En una entrevista al Lic. Frank Ulloa Royo, tratamos de que nuestra afiliación conozca detalles de la Convención Colectiva que el SEC someterá a negociación con el Ministerio de Educación Pública, que de conformidad con el Artículo 58 del Código de Trabajo y el Reglamento de Negociación Colectiva en el Sector Público, contempla lo relativo a: a) la intensidad y calidad del trabajo; b) la jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones; c) los salarios; d) las profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda; e) la duración de la convención y el día en que comenzará a regir.
¿Puede el SEC suscribir una convención colectiva?
Sí, ya que es un sindicato industrial que incluye todas las profesiones relativas a la administración, servicios y la propia educación como proceso, y que cuenta con los requisitos legales para plantear esta negociación colectiva, en materia de afiliación y legitimidad, conforme lo requiere el Código de Trabajo.
El Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, SITRACOME, decidió acompañar en esta propuesta al SEC, ya que deberá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que se pongan de acuerdo.
¿Quiénes se benefician de esta negociación?
Todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que laboran para el MEP, o donde éste es parte solidaria en cuanto a su responsabilidad laboral, por la utilización de terceros intermediarios del proceso educativo que es una función propia del Estado.
En el ámbito funcional, las normas se aplican al conjunto de actividades y servicios prestados por el personal docente, administrativo-docente, técnico-docente, administrativos y programas en que sea parte el Ministerio. En todo el territorio nacional al personal mencionado y en el extranjero aquellos que presten sus servicios, o gocen de una beca de estudios, pasantía de trabajo o asesoría de cualquier naturaleza.
¿Por qué se dice que la Convención colectiva es un conjunto de garantías mínimas?
Porque las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible. La Convención absorbe cualquier otra normativa y según el principio protector a favor del trabajador, se aplica la norma más favorable de las leyes existentes, lo que significa que deben respetarse los derechos adquiridos más beneficiosos.
¿Qué importancia tiene asegurar que las relaciones laborales se rijan por el Código de Trabajo y la negociación colectiva?
Debido al interés de los sectores liberales de acabar con el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, por medio de diversas iniciativas de ley, es importante suscribir una Convención colectiva de trabajo que asegure un régimen de relaciones laborales regida por principios laborales que benefician y protegen al trabajador.
El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios tienen por objeto la tutela del trabajo humano por cuenta ajena; regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores.
¿Cuál es la función tutelar de la Convención Colectiva de Trabajo?
El trabajo, aún en el Estado, genera relaciones de explotación entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte y otra débil. Por ello, el Derecho laboral y la convención en particular, tienen la función de tutelar a los trabajadores, tendiendo sus normas a restringir la libertad del Estado para regular unilateralmente estas relaciones, siendo aquel además un limite constitucionalmente valido, derivado de los artículos 61 y 74 de nuestra Constitución Política. Se busca con ello lograr una estructuración social tutelada por normas a la medida de las necesidades concretas del sector educación. La vinculación a la negociación colectiva lo es a su conjunto y totalidad, no pudiendo ninguna de las partes vincularse por separado a sus diversos elementos, ni pudiendo atenderse de manera fraccionada, sin considerar las condiciones globales y totales del conjunto, todo de conformidad con el principio cristiano de justicia social.
¿Cuál es la función de los principios generales del derecho de trabajo?
La Convención Colectiva de trabajo incorpora los principios del derecho del trabajo, para regular las relaciones entre el MEP y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Existen numerosos principios como el principio de continuidad de la relación laboral, o el principio interpretativo: en la duda debe estarse a favor del trabajador; o a igual trabajo igual salario. Estos principios tienen, por lo general, dos funciones fundamentales, a saber: servir como fuente supletoria cuando la ley o la convención colectiva deja vacíos o lagunas y no existe jurisprudencia, uso o costumbre aplicable. Una segunda función es servir como fuente interpretadora, es decir, sirven también para interpretar la normativa vigente, cuando ésta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles.
¿Qué es el principio protector y cuál es su importancia?
El principio protector es el principio más importante del Derecho laboral. Es el que lo diferencia del Derecho civil. Parte de una desigualdad que trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra.
Siguiendo al jurista uruguayo Américo Plá Rodríguez, el principio protector contiene tres reglas esenciales: la aplicación de la norma más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador; la regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador y la regla del in dubio pro operario: entre interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador.
¿Qué otros principios están presentes en la Convención colectiva de trabajo que impulsa el SEC?
a) Irrenunciabilidad de derechos: presente también en el artículo 74 de la Constitución Política y 11 del Código de Trabajo. Establece la imposibilidad del trabajador de privarse voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables.
b) Primacía de la realidad: estable que la realidad de lo que hacemos va a prevalecer y deben pagarnos por lo que hacemos, no por lo que diga un contrato o un reglamento. No importa lo pactado, tampoco la denominada autonomía de la voluntad, o las potestades extraordinarias del MEP.
Este principio se establece en la Convención Colectiva del SEC, por ello, se eliminan conceptos tales como las funciones inherentes al cargo, que es una forma en que nos aumentan la carga de trabajo sin pagarnos más salario, o nos hacen trabajar horas extras sin pagarlas, como cuando vamos a una Feria científica u otra actividad similar. Una vez negociada la Convención Colectiva, regirá lo pactado en la contratación colectiva, en cuenta este principio, por lo que la demostración de la realidad laboral será lo que prevalezca. Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, esta última será la que tiene efecto jurídico.
Este principio es reiterado por la Sala Constitucional y viene a resolver injusticias manifiestas, como que se encuentre nombrado en un puesto y realice funciones nuevas y muy diferentes de aquel puesto, sin que se le reconozcan salarialmente.
c) Buena fe: se presume que las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe, como objetivo, que es la misma razón de ser de lo pactado. Es por ello, que quien invoque la mala fe, debe demostrarla con pruebas idóneas. Es por ello que para la interpretación de este convenio se entenderá incorporada cualquier norma o condición más beneficiosa a la persona trabajadora o al SEC, asimismo se respetarán los principios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
d) Razonabilidad: Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos, científico técnicos y de justicia, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. Este se amplía por las comisiones paritarias, que buscarán el sentido exacto de las normas pactadas.
¿Por qué la Convención colectiva protege la estabilidad laboral y se prohíben formas de contratación como las que se emplean para los guardas, conserjes y otro personal interino?
Concretamente se prohíben las formas de contratación por medio de intermediarios que buscan limitar garantías sociales y de seguridad social. Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento. El Principio de continuidad laboral es uno de los más desarrollados en la normativa de la convención colectiva del SEC, no por casualidad, sino por una sentida necesidad de regulación para evitar los vicios de contratación en perjuicio de las garantías básicas del Código de Trabajo y la propia Ley de Carrera Docente.
Esto permitirá tener trabajadores estables y productivas, capacitación coherente con los puestos que ocupan y permanente en el tiempo, sin que se vean interrumpidos por accidentes en la contratación. Su aplicación adecuada, permite hacer una carrera administrativa o docente dentro del MEP y una larga duración al contrato de trabajo, por el hecho de ser ésta la principal fuente de ingresos del trabajador.
¿Qué es la Comisión paritaria que se propone y como se incorporan otras organizaciones a esta convención?
Son los nuevos órganos de gestión laboral bipartitos e igualitarios, que vienen a orientar, prevenir y reglamentar las relaciones de trabajo en el MEP. Se crea una comisión temporal, que buscará en el menor plazo resolver un problema histórico relativo a las formas de contratación laboral, para aquellas personas que han venido laborando en condiciones de inestabilidad.
La Comisión Paritaria de Relaciones Laborales estará integrada por 8 representantes de la parte sindical, designadas por el SEC y 8 del MEP.
¿Cómo propone la Convención reorganizar las cargas laborales y la organización del proceso educativo en el MEP?
Propone una modificación al modelo de organización del trabajo y de los puestos actuales, para ajustar los salarios a los puestos y las cargas reales de trabajo. Si bien la organización del trabajo continúa siendo una facultad exclusiva del MEP, se norma para mejorar e incrementar las prestaciones de servicios a la Comunidad Docente y Administrativa y a la sociedad en general.
Se limita el número de niños y niñas por sección, no pudiendo en ningún caso ser mayor de 20. Se reduce por cada adecuación significativa 7 alumnos. No podrá ser superior a 2 adecuaciones significativas por docente y necesariamente se le deberá asesorar, ser visitado regularmente por un asesor, al menos una vez a la semana, visita que deberá ser de seguimiento y la ejecutará el "docente de apoyo" o el "itinerante" especializado en educación especial en los énfasis que requiera el educando. Asimismo, se propone racionalizar, mejorar y evaluar métodos, procesos y resultados de trabajo para lograr una mayor eficiencia en la gestión de la educación preescolar, primaria y secundaria, y adecuar el personal requerido a las necesidades reales de los distintos servicios. Una importante innovación son los cursos de Lesco, de lenguas nativas y de tecnologías para personas con discapacidad, serán promovidos de manera intensa entre los alumnos, docentes y personal administrativo, para asegurar su incorporación plena al proceso educativo.
San Ramón y Hatillo se suman a la lucha por la salud
Como parte de los objetivos operativos de la Comisión Nacional de Rescate de la Seguridad Social, dos nuevas comunidades se unen a la lucha en defensa del derecho a la salud: San Ramón y Hatillo.
En el caso de San Ramón, el primer encuentro de fuerzas vivas fue convocado por la Estructura Regional del SEC el 20 de mayo. Además de vecinos activos, congregó a siete regidores de la Municipalidad, quienes se comprometieron a integrar una comisión que se ocupe de discutir sobre la problemática de la salud en esta región.
Diversos fueron los problemas señalados, como la deshumanización de algún personal hacia los pacientes, cierre de quirófanos, la pérdida de plazas médicas, lentitud en realización de exámenes y la amenaza para la población el hecho de que las aguas del Hospital circulen por las calles de San Ramón. Destacando también la importancia de transformar las Juntas de Salud, de darles una verdadera cuota de poder en los cambios que requiere el sistema para cumplir eficientemente con los asegurados.
La Dirección de Desarrollo Educativo fue más allá y propuso realizar un foro de salud dedicado al Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier, creador del Hospital Sin Paredes.
Por otro lado, las mesas de diálogo de Hatillo, luego de recorrer las principales vías del lugar, se congregaron este 5 de junio para discutir sus problemas, como la falta de espacio en la Clínica Solón Núñez Frutos.
En la actividad se contó con la presencia del párroco Guido Villalobos y la Dra. Milena Quijano, Directora de la Clínica. Ambos destacaron el ímpetu de los hatillenses que sueñan con un hospital digno para la comunidad.
Durante el encuentro quedó evidenciada la dificultad que han tenido para conseguir un espacio para ampliar la Clínica. Originalmente se atendían a 30 mil personas, ahora por el rápido crecimiento de la población esa cifra supera las 248 mil, porque cubre también a los habitantes de Alajuelita.
Por su parte, María Isabel Fallas Chinchilla, del Comité Nacional de Rescate de la Seguridad Social, presentó la propuesta que tiene Hatillo a la Caja Costarricense de Seguro Social, para adquirir unas instalaciones del Grupo Constenla para ampliar el servicio de la Clínica. El precio del local ronda los $12 millones y su extensión es de 20 mil metros cuadrados.
El Comité fue a brindar apoyo a estas comunidades en la realización de actividades, a la vez que se les transmitió conocimientos sobre el tema de la seguridad social y cómo afectan las decisiones políticas nuestro derecho a la salud.
Continuaremos sembrando en cada región que lo requiera, la semilla de la inquietud, de la iniciativa y del esfuerzo conjunto, para exigir que la CCSS nos brinde el servicio de salud de manera preventiva y no solamente curativa, que deje de comprar servicios a las cooperativas privadas y que haga cumplir la ley llamando a los patronos morosos a ponerse al día, para que esa emblemática institución cuente con mayores recursos que pueda invertir en mejor atención médica, mayor cuadro de medicamentos y óptima infraestructura.
En el caso de San Ramón, el primer encuentro de fuerzas vivas fue convocado por la Estructura Regional del SEC el 20 de mayo. Además de vecinos activos, congregó a siete regidores de la Municipalidad, quienes se comprometieron a integrar una comisión que se ocupe de discutir sobre la problemática de la salud en esta región.
Diversos fueron los problemas señalados, como la deshumanización de algún personal hacia los pacientes, cierre de quirófanos, la pérdida de plazas médicas, lentitud en realización de exámenes y la amenaza para la población el hecho de que las aguas del Hospital circulen por las calles de San Ramón. Destacando también la importancia de transformar las Juntas de Salud, de darles una verdadera cuota de poder en los cambios que requiere el sistema para cumplir eficientemente con los asegurados.
La Dirección de Desarrollo Educativo fue más allá y propuso realizar un foro de salud dedicado al Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier, creador del Hospital Sin Paredes.
Por otro lado, las mesas de diálogo de Hatillo, luego de recorrer las principales vías del lugar, se congregaron este 5 de junio para discutir sus problemas, como la falta de espacio en la Clínica Solón Núñez Frutos.
En la actividad se contó con la presencia del párroco Guido Villalobos y la Dra. Milena Quijano, Directora de la Clínica. Ambos destacaron el ímpetu de los hatillenses que sueñan con un hospital digno para la comunidad.
Durante el encuentro quedó evidenciada la dificultad que han tenido para conseguir un espacio para ampliar la Clínica. Originalmente se atendían a 30 mil personas, ahora por el rápido crecimiento de la población esa cifra supera las 248 mil, porque cubre también a los habitantes de Alajuelita.
Por su parte, María Isabel Fallas Chinchilla, del Comité Nacional de Rescate de la Seguridad Social, presentó la propuesta que tiene Hatillo a la Caja Costarricense de Seguro Social, para adquirir unas instalaciones del Grupo Constenla para ampliar el servicio de la Clínica. El precio del local ronda los $12 millones y su extensión es de 20 mil metros cuadrados.
El Comité fue a brindar apoyo a estas comunidades en la realización de actividades, a la vez que se les transmitió conocimientos sobre el tema de la seguridad social y cómo afectan las decisiones políticas nuestro derecho a la salud.
Continuaremos sembrando en cada región que lo requiera, la semilla de la inquietud, de la iniciativa y del esfuerzo conjunto, para exigir que la CCSS nos brinde el servicio de salud de manera preventiva y no solamente curativa, que deje de comprar servicios a las cooperativas privadas y que haga cumplir la ley llamando a los patronos morosos a ponerse al día, para que esa emblemática institución cuente con mayores recursos que pueda invertir en mejor atención médica, mayor cuadro de medicamentos y óptima infraestructura.
El engaño de la dolarización y sus graves efectos en otras naciones
En medio de la actual situación de creciente pobreza, crisis económica y desigualdad social, se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para convertir el dólar estaounidense en la moneda nacional, iniciativa que fue acogida por el Movimiento Libertario.
Quienes idearon el proyecto, afirman que permitiría un mejor control de la inflación, y que facilitaría miles de transacciones en dólares, que se realizan hoy en día. Aducen que el dólar es una moneda fuerte y por tanto confiable. Con estos argumentos van a tratar de convencernos de las supuestas ventajas de la iniciativa.
¿Quiénes son los que se benefician si se renuncia al colón y se asume el dólar como moneda. La mayoría de esas transacciones en dólares, corresponden a movimientos realizados por exportadores, grandes comerciantes y banqueros, no por la gran mayoría de los trabajadores, que comerciamos y recibimos salario en colones. Estos grandes comerciantes impulsaron el cambio en la fijación del cambio del dólar al actual sistema de bandas, que no ha detenido la inflación y más bien provoca especulaciones de mercado. Como ese sistema no les sirvió, hoy piden una reforma integral. Esas contradicciones evidencian no sólo que ellos piensan en sus intereses por encima de todo, sino también que sus propuesta del modelo económico solo se ajustan a sus necesidades inmediatas, y para nada consideran las consecuencias para el pueblo.
Veamos los ejemplos de dos países que renunciaron a sus monedas y aceptaron el dólar. El primero es Ecuador, donde este cambio se realizó igual que como se plantea aquí, como la solución para la crisis económica. Hoy, diez años después, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien es economista de profesión, dice que si pudiera revertiría esa decisión, pero están tan compenetrados en ese sistema que no puede hacerlo. La dolarización no resolvió sus problemas.
El otro ejemplo es El Salvador, país que usa el dólar como moneda oficial. Cuando Estados Unidos cayó en crisis en 2009, la economía salvadoreña se vió muy afectada.
Aceptar el dólar como moneda, implica sujetarnos a los intereses y decisiones de otro país: los Estados Unidos. Renunciaríamos a nuestra soberanía monetaria, y viviríamos al margen de las crisis en aquella nación. Y todo para favorecer los intereses económicos de unos pocos.
El SEC llama a las y los diputados a no aprobar este proyecto. No caigamos en el error de otras naciones de América Latina, que buscaron en la dolarización la solución a sus problemas económicos.
En vísperas del Encuentro Deportivo 2010
El Fútbol Sala masculino será la disciplina con que el SEC abrirá este año el "Encuentro Cultural y Deportivo 2010", siendo la primera sede la región de Nicoya, donde se enfrentarán los equipos de Santa Cruz, Carrillo, Nandayure, La Península, Liberia y Nicoya.
La calendarización de los encuentros deportivos, de fútbol, fútbol sala y voleibol, está lista y fue elaborada por la Comisión Organizadora, conformada por la Comisión de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales y Fomento Deportivo, Cultural y Recreativo, que además es la encargada de la correcta aplicación del Reglamento de estas actividades.
Para la programación de actividades deportivas, se finiquitaron los detalles sobre la forma en que se van a realizar las eliminatorias entre los siete grupos, apegándonos a las disposiciones establecidas en las juntas Previas que se realizaron en cada una de las regiones.
Las semifinales deportivas se realizarán mediante una cuadrangular o triangular, según la conformación de los grupos, de las que se obtendrá un ganador de cada torneo, los cuales irán a la final nacional en el mes de setiembre.
Para que un equipo pueda participar, debe solicitar su inscripción por escrito ante la Comisión Organizadora y enviarla a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas, con la boleta prevista para tal efecto y los siguientes requisitos:
Los equipos tendrán inscrito un máximo de jugadores, durante todo el proceso de participación, en el caso de fútbol 22, en fútbol sala 12 y 15 en voleibol, todos en masculino y femenino.
Los equipos que tengan alguna disconformidad pueden presentada ante la Comisión Organizadora y enviarla a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, tres días hábiles después del evento, en forma escrita, con constancia de apelación ante los jueces del encuentro, indicando con claridad la violación al reglamento, con copia a la representación afectada y depositar ¢20000 que en caso de fallar a favor se le devolverán.
El reglamento que rige a cada una de las disciplinas deportivas, contempla también la inscripción fraudulenta y alineación indebida, cuando un equipo o jugador pretenda participar con documentos alterados o no ser afiliado, lo cual será debidamente comprobado por el SEC.
El campeonato se desarrollará a lo largo de tres meses.
La calendarización de los encuentros deportivos, de fútbol, fútbol sala y voleibol, está lista y fue elaborada por la Comisión Organizadora, conformada por la Comisión de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales y Fomento Deportivo, Cultural y Recreativo, que además es la encargada de la correcta aplicación del Reglamento de estas actividades.
Para la programación de actividades deportivas, se finiquitaron los detalles sobre la forma en que se van a realizar las eliminatorias entre los siete grupos, apegándonos a las disposiciones establecidas en las juntas Previas que se realizaron en cada una de las regiones.
Las semifinales deportivas se realizarán mediante una cuadrangular o triangular, según la conformación de los grupos, de las que se obtendrá un ganador de cada torneo, los cuales irán a la final nacional en el mes de setiembre.
Para que un equipo pueda participar, debe solicitar su inscripción por escrito ante la Comisión Organizadora y enviarla a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas, con la boleta prevista para tal efecto y los siguientes requisitos:
Los equipos tendrán inscrito un máximo de jugadores, durante todo el proceso de participación, en el caso de fútbol 22, en fútbol sala 12 y 15 en voleibol, todos en masculino y femenino.
Los equipos que tengan alguna disconformidad pueden presentada ante la Comisión Organizadora y enviarla a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, tres días hábiles después del evento, en forma escrita, con constancia de apelación ante los jueces del encuentro, indicando con claridad la violación al reglamento, con copia a la representación afectada y depositar ¢20000 que en caso de fallar a favor se le devolverán.
El reglamento que rige a cada una de las disciplinas deportivas, contempla también la inscripción fraudulenta y alineación indebida, cuando un equipo o jugador pretenda participar con documentos alterados o no ser afiliado, lo cual será debidamente comprobado por el SEC.
El campeonato se desarrollará a lo largo de tres meses.
La educación pública bajo constante amenaza
A juicio del SEC, nuestro sistema educativo público se encuentra permanentemente bajo amenaza, debido a las ocurrencias de algunas de las bancadas legislativas, que tanto durante la anterior administración como la presente, se han dedicado a idear toda clase de propuestas o proyectos de ley lesivos, que pretenden desarticularla.
Debido a lo sistemático y profundo del conjunto de medidas que contienen varios de los proyectos de ley impulsados por el pacto LiLi (Partidos Liberación Nacional y Movimiento Libertario), cuesta creer que estos ataques contra la educación pública sean producto de ocurrencias. Todo lo contrario, la naturaleza depredadora de estas iniciativas, evidencian seriamente que algunos sectores poderosos y hegemónicos de este país, persiguen la idea de golpear a la educación pública de distintas maneras.
Algunas de estas propuestas comparten criterios en común. Por ejemplo, la mayoría de ellas permiten la hibridación, que es la onvivencia de proveedores públicos y privados en el sistema educativo. Esto facilita la participación de intereses privados en la gestión de programas públicos de educación, y por ende reciben los beneficios del presupuesto de la educación pública.
Ejemplo de ello es el caso del recientemente retirado proyecto 16003 de "Ley para la transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales". Muchas de las disposiciones de esta ley, abrían los portillos, tanto para desregular las relaciones laborales en el sector público de la educación, como para quitarle responsabilidades al Estado en su papel de garante de la educación pública. Esta iniciativa fue reactivada por el Movimiento Libertario.
Gracias a una acción rápida del SEC, esta iniciativa fue archivada. Cabe destacar que el proyecto era absolutamente innecesario, ya que recién se aprobó una ley en esa materia. La diferencia es que esta nueva iniciativa, perseguía de nuevo trasladar la educación como función de las Municipalidades, que como todos sabemos no cuentan con recursos para abordar esta responsabilidad, lo que pondría en riesgo la calidad de la educación.
Otra grave amenaza a la educación pública es el intento por lesionar el papel de las Universidades estatales. Actualmente, se discute el presupuesto de estos centros de estudios, y el Gobierno ha hecho lo imposible por complicar estas negociaciones, para obligarlas a aceptar un recorte millonariao de sus recursos. Con estas iniciativas, se pone en riesgo al sistema educativo en su totalidad. Por supuesto, un país que carezca de un sistema educativo público, o que sufra la existencia de uno sin recursos ni condiciones adecuadas, se convierte en un negocio muy rentable para empresas privadas y transnacionales de la educación. Sino veamos cómo, mientras las universidades estatales se quedan sin infraestructura y recursos, los centros educativos superiores privados acaparan todo el estudiantado que queda fuera del sistema. Vemos el surgimiento de universidades privadas multinacionales, que al igual que muchos otros entes educativos privados, solamente tienen interés por el lucro y no por la formación educativa. Esto es totalmente contrario a los principios que deben regir a la educación pública: universalidad, igualdad y solidaridad.
Desde su fundación, nuestro sindicato se ha caracterizado por la defensa de la dignificación docente y de la calidad de la educación. Es por ello que el SEC continuará vigilante de todo tipo de iniciativas que provoquen el perjuicio y la desarticulación de nuestro sistema educativo público.
No permitiremos que prosperen proyectos nocivos, que solamente favorecen ambiciones de sectores reducidos por encima del interés general, ni dejaremos que se elimine el derecho al estudio, de las actuales y futuras generaciones.
Debido a lo sistemático y profundo del conjunto de medidas que contienen varios de los proyectos de ley impulsados por el pacto LiLi (Partidos Liberación Nacional y Movimiento Libertario), cuesta creer que estos ataques contra la educación pública sean producto de ocurrencias. Todo lo contrario, la naturaleza depredadora de estas iniciativas, evidencian seriamente que algunos sectores poderosos y hegemónicos de este país, persiguen la idea de golpear a la educación pública de distintas maneras.
Algunas de estas propuestas comparten criterios en común. Por ejemplo, la mayoría de ellas permiten la hibridación, que es la onvivencia de proveedores públicos y privados en el sistema educativo. Esto facilita la participación de intereses privados en la gestión de programas públicos de educación, y por ende reciben los beneficios del presupuesto de la educación pública.
Ejemplo de ello es el caso del recientemente retirado proyecto 16003 de "Ley para la transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales". Muchas de las disposiciones de esta ley, abrían los portillos, tanto para desregular las relaciones laborales en el sector público de la educación, como para quitarle responsabilidades al Estado en su papel de garante de la educación pública. Esta iniciativa fue reactivada por el Movimiento Libertario.
Gracias a una acción rápida del SEC, esta iniciativa fue archivada. Cabe destacar que el proyecto era absolutamente innecesario, ya que recién se aprobó una ley en esa materia. La diferencia es que esta nueva iniciativa, perseguía de nuevo trasladar la educación como función de las Municipalidades, que como todos sabemos no cuentan con recursos para abordar esta responsabilidad, lo que pondría en riesgo la calidad de la educación.
Otra grave amenaza a la educación pública es el intento por lesionar el papel de las Universidades estatales. Actualmente, se discute el presupuesto de estos centros de estudios, y el Gobierno ha hecho lo imposible por complicar estas negociaciones, para obligarlas a aceptar un recorte millonariao de sus recursos. Con estas iniciativas, se pone en riesgo al sistema educativo en su totalidad. Por supuesto, un país que carezca de un sistema educativo público, o que sufra la existencia de uno sin recursos ni condiciones adecuadas, se convierte en un negocio muy rentable para empresas privadas y transnacionales de la educación. Sino veamos cómo, mientras las universidades estatales se quedan sin infraestructura y recursos, los centros educativos superiores privados acaparan todo el estudiantado que queda fuera del sistema. Vemos el surgimiento de universidades privadas multinacionales, que al igual que muchos otros entes educativos privados, solamente tienen interés por el lucro y no por la formación educativa. Esto es totalmente contrario a los principios que deben regir a la educación pública: universalidad, igualdad y solidaridad.
Desde su fundación, nuestro sindicato se ha caracterizado por la defensa de la dignificación docente y de la calidad de la educación. Es por ello que el SEC continuará vigilante de todo tipo de iniciativas que provoquen el perjuicio y la desarticulación de nuestro sistema educativo público.
No permitiremos que prosperen proyectos nocivos, que solamente favorecen ambiciones de sectores reducidos por encima del interés general, ni dejaremos que se elimine el derecho al estudio, de las actuales y futuras generaciones.
viernes, 4 de junio de 2010
El SEC resguarda derechos de las y los trabajadores y defiende la educación pública: Asamblea Legislativa archiva proyecto de ley de municipalización gracias a las gestiones del SEC
En un campo pagado publicado el 1º de Junio 2010, el SEC alertó a la población y a los nuevos legisladores, sobre las nefastas implicaciones de dicho proyecto para la educación pública, las y los trabajadores, y el pueblo en general.
Entre los argumentos de oposición, alegamos que el proyecto no era necesario, ya que recién había sido aprobada la Ley 8801 "Ley general para la transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos Locales", que cumple el mandato constitucional de transferir el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades.
Este último criterio fue compartido por la Comisión de Asuntos Municipales, que en una carta enviada el 3 de junio al SEC, nos informó que el proyecto se archivó porque perdió su vigencia después de la aprobación de la Ley 8801.
El SEC celebra la inteligente y atinada decisión de los diputados al archivar este proyecto, así como el respaldo de la afiliación, que respondió rápidamente a nuestro llamado en contra de esta iniciativa, ideada a desmantelar al Estado trasladando responsabilidades a los contribuyentes.
Llamamos al Magisterio Nacional y organizaciones sociales, a que continuemos vigilantes contra iniciativas que desarticulen las instituciones públicas, atenten contra la educación pública, y perjudiquen al pueblo.
Gilberth Díaz Vásquez
Presidente
Marvin Rodríguez Cordero
Secretario General
Jorge Luis Solís García
Secretario de Promoción y Relaciones Públicas
jueves, 3 de junio de 2010
Comisión de asuntos municipales archiva proyecto de ley de municipalización de la educación
Gracias a las gestiones del SEC, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, procedió al archivo del proyecto de ley 16.003 "ley para la transferencia de competencias y fortalecimiento de los Gobiernos locales".
La iniciativa fue rechazada por el SEC en un campo pagado el pasado 1º de Junio; donde evidenciamos que el proyecto forma parte de una estrategia política para desmejorar la educación pública que recibe nuestra niñez y juventud, y a la vez atomizar y liquidar a las organizaciones sindicales. Este motivo nos llevó a solicitar una audiencia ante esta Comisión, para exponerle nuestro rechazo a la propuesta. Entre los motivos de nuestra oposición, citamos que el proyecto no era necesario, ya que fue aprobada la Ley 8801 "ley general para la transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos Locales, que cumple el mandato constitucional de transferir el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades."
Este último criterio fue compartido por la Comisión de Asunto Municipales, que en una carta enviada el 3 de junio al SEC, informó que el proyecto se archivó porque perdió su vigencia después de la aprobación de la ley 8801. Además, la Comisión fue enfática en afirmar que esta nueva ley de transferencias "excluye de manera taxativa a la educación y a la salud, en su inciso b del artículo 9, por ser competencias intransferibles al Poder Ejecutivo".
El SEC celebra el archivo del proyecto, así como el respaldo de nuestra afiliación, que respondió rápidamente a nuestro llamado en contra de esta iniciativa ideada desmantelar al Estado, y quitarle responsabilidades al Gobierno para trasladarlas a los contribuyentes.
Se adjunta la carta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, donde se informa del archivo del proyecto de ley.
lunes, 31 de mayo de 2010
Estudiantes y padres de familia denuncian medidas extremas de seguridad en CTP de Acosta
La denuncia se centra en la instalación de mallas en los jardines interiores del liceo, lo que restringiría el libre tránsito de los estudiantes por las instalaciones, en especial de quienes salen a almorzar a sus hogares. Además, las zonas de evacuación y emergencia también quedaría rodeadas de mallas. Cabe destacar que existe la posibilidad de que estas mallas sean electrificadas, lo que despierta críticas por el temor de un accidente y por constituir esta una medida extrema. Los mismo estudiantes aseguran que se proyecta invertir en la instalación de un circuito cerrado de televisión que vigile el interior del centro educativo, iniciativa que de ser llevada a cabo sería violatoria de una serie de derechos, como la privacidad y el derecho a la protección de imagen de los menores de edad.
Un sitio en Facebook reune las opiniones de estudiantes y padres de familia sobre la iniciativa. Algunos comentarios destacan que se gastan los recursos en esta red de seguridad, mientras que en el liceo faltan aceras, urgen nuevas computadoras, y se requiere mayor inversión de fondos públicos en mejorar las instalaciones. El administrador de este sitio informó al SEC que recibió una llamada a su casa, exigiendo el cierre del grupo en Facebook, para evitar una mayor difusión del tema.
Esta preocupación se suma a un intenso operativo policial llevado a cabo por la Unidad Canina de la Fuerza Pública, que procedió a una requisa para los estudiantes, bajo la excusa de ser un operativo antidrogas. Un estudiante que solicitó el anonimato, señaló que el operativo es injusto, porque se aplica contra personas sobre las que solo existen rumores infundados de que venden drogas, solamente por su apariencia. Este operativo también fue criticado por otras estudiantes y padres de familia, que lo consideran abusivo y exagerado.
Se trató de conocer la posición de Rodolfo Esquivel, director del centro educativo, sin embargo luego de varias llamadas a la institución, no fue posible conocer su versión del caso.
SEC alerta sobre debate de nuevo proyecto de municipalización en la Asamblea Legislativa
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, previene al Magisterio Nacional que en la agenda de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, se discute el Proyecto 16003 "Ley para la transferencia de competencias y fortalecimiento de los Gobiernos Locales", una iniciativa del Movimiento Libertario que insiste en acelerar la transferencia de la educación pública, la salud, la vivienda y la seguridad, a las Municipalidades.
Este proyecto atenta contra la seguridad social y responde a las directrices neoliberales de privatizar los servicios públicos que por derecho gozamos los costarricenses. Además forma parte de una estrategia política para desmejorar la educación pública que recibe nuestra niñez y juventud, y a la vez atomizar y liquidar a las organizaciones sindicales.
Este proyecto contiene el mismo texto del proyecto de ley 14310, archivado luego de que el Magisterio fuera a huelga en mayo del año 2003.
Hoy, al igual que en esa oportunidad, nuestra oposición se fundamenta en la imposibilidad de los municipios de manejar los servicios públicos. Eso no es otra cosa que desmantelar al Estado, quitarle responsabilidades al Gobierno para trasladarlas a los contribuyentes.
El proyecto N° 16003 señala:
"Artículo 7- Competencias municipales - inciso e) "La promoción, el apoyo y la fiscalización de la calidad de la educación pública formal que se brinde en los centros de enseñanza existentes en el cantón, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Pública".
"Artículo 25.-Transferencia de recursos no financieros- Cuando lo convengan las partes, podrán transferirse recursos humanos con la anuencia de ellos. Serán asumidos por las municipalidades como personal propio y conservarán la antigüedad acumulada.
Cuando los funcionarios no deseen acogerse a la transferencia, se les liquidará conforme a la ley."
" Artículo 26.-Régimen de personal - Todos los extremos laborales, correspondientes a los servidores que las municipalidades deban asumir para atender las competencias transferidas, se entenderán liquidables al cesar la respectiva transferencia, con el pago del auxilio de cesantía. Dichos servidores se regirán por el régimen aplicable a todos los servidores municipales, especialmente en cuanto a requisitos de idoneidad."
Estos artículos fundamentan nuestra preocupación, ya que al igual que el proyecto de "Ley de Empleo Público", eliminan derechos laborales adquiridos por los trabajadores, perjudican la estabilidad de los servidores amparados al régimen de Servicio Civil, y disfrazan la movilidad laboral.
Consideramos que este proyecto no es necesario, ya que el 4 de marzo de 2010, se aprobó la Ley General para la Transferencia de Competencias y Recursos a los Gobiernos Locales, que cumple el mandato constitucional de transferir el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades. Es por ello que solicitamos audiencias con la Comisión mencionada y con el Ministro de Descentralización, además de que conversaremos con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para exponer nuestra oposición al proyecto.
Llamamos a nuestra afiliación y demás organizaciones magisteriales, a estar vigilantes del curso del proyecto en la Asamblea Legislativa. En caso de ser dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, no dudaremos en tomar las medidas de presión para evitar que la educación y otros servicios esenciales sean transferidos a las municipalidades, en perjuicio del pueblo.
Al respecto, el SEC envió a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, y al Ministro de Descentralización Municipal y Gobiernos Locales, Juan Marín, sendas cartas manifestando nuestra oposición al respecto. Además, se le solicitó una audiencia a la Comisión legislativa que analiza el proyecto, para exponerle nuestra posición en pro del rechazo inmediato a la iniciativa.
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