Nuestro país está suscrito a convenios internacionales que protegen a los menores de edad de la explotación laboral y el trabajo. Sin embargo, estas iniciativas quedan en el papel, porque en la práctica, cerca de un 10% de menores de edad trabaja, tanto en sectores formales como informales.
Aún cuando los sindicatos y otras organizaciones hemos hecho esfuerzos importante por la erradicación del trabajo infantil y adolescente, el fenómeno aún sigue presente, debido a factores sociales que lo impulsan, y a la falta de acciones directas del Estado, que hagan cumplir efectivamente las leyes en la materia.
Y es que uno de los principales causantes de que los menores de edad tengan que trabajar, es la situación de probreza en sus hogares, que los obliga a dedicarse a labores remuneradas, o en muchos casos, al trabajo de campo en fincas familiares. Lamentablemente, esto provoca que el menor de edad tenga que abandonar parcial o totalmente sus estudios. Aunque el gobierno otorga becas, es un hecho que los montos de las mismas no alcanzan para impedir que los menores trabajen. Además, el problema es integral, ya que el crecimiento de la pobreza producto de la desigualdad social y las política neoliberales, provoca que siempre hayan más jóvenes forzados a dejar su estudio por el trabajo.
La manifestación más lamentable de este fenómeno, es la explotación sexual comercial. Es un secreto a voces que decenas de niñas y niños son explotados sexualmente, muchos de ellos inclusive ejercen la prostitución en las vías públicas o en importantes hoteles. Sin embargo, aunque el gobierno conoce esta realidad, no existen políticas claras que impidan esta realidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario