El Concejo Municipal del cantón central de Puntarenas, acordó ayer 16 de Junio de manera unánime y por acuerdo firme, solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la ley 8828, luego de un profundo análisis donde concluyeron que la misma privatiza los servicios municipales y provocará mayor desempleo y pobreza en Puntarenas.
El acuerdo se tomó con base en el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales de dicha corporación municipal. Este informe concluye que, con la creación de sociedad de economía mixta contempladas en la ley vigente, los Concejos Municipales dejarán de ser órganos de decisión política, para pasar solamente a nombrar los integrantes de las directivas de dichas sociedades, quienes serán los que decidan el rumbo y las políticas de la labor municipal. El mecanismo que contempla la ley para convertir a las municipalidades en los socios mayoritarios de dichas sociedades, tiene portillos que permitirían que "los servicios municipales traspasados a las sociedad mixtas puedan privatizarse por completo".
El informe también señala que la ley afecta los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios que se traspasen a sociedades mixtas se regirán por el lucro, con consecuencias graves para la economía de las comunidades. También se limitan los derechos democráticos de la ciudadanía, ya que los Concejos Municipales perderían toda potestad de decisión política, mientras que el Alcalde pasaría a ser quien tome las decisiones.
La sesión del Concejo contó además con la exposición de Mario Rojas Vílchez, representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Su participación fue coordinada por el sindicato de trabajadores de la municipalidad, que se opone al proyecto. De hecho, la sesión contó con una nutrida asistencia de funcionarios municipales. Rojas señaló que esta ley es inconstitucional, ya que limita la autonomía municipal al sujetarla a las decisiones de las sociedades mixtas, además de que no fue consultada a las corporaciones municipales ni fue debidamente publicada.
