Luego del voto de la Sala Constitucional a favor de la minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, se ha divulgado las acciones del Gobierno para favorecer los intereses de la minera Industrias Infinito, y de quienes apoyan el proyecto.
Un ejemplo de ellas es que SENARA no realizó un estudio de impacto hidrogeológico en la zona de Crucitas, para conocer sus efectos sobre las fuentes de agua y sobre el río San Juan. En vez de ello, avaló un estudio realizado por una empresa privada y financiado por Industrias Infinito. El aval de este estudio ocurrió en un plazo de apenas 24 horas y sin verificar los resultados del estudio.
Pero este no es un hecho aislado. Si se analiza lo que han expresado en días recientes algunos de los Magistrados de la Sala Constitucional, se evidencia que ellos repiten y hasta defienden el falso argumento de que no existen riesgos reales para el ambiente. Y aún peor es la postura de Óscar Arias y su gobierno, que tomó todas las acciones legales posibles a favor de la mina (hasta decretarla de interés público), llegando inclusive el Presidente a manifestar su satisfacción por ello.
La mina en Crucitas es tan indefendible, tan impopular y tan dañina, que no hubo otra forma de avalarla más que mediante estas maniobras corruptas avaladas por el Gobierno, porque el mismo defiende los intereses de la mina.
Favorecer un proyecto tan nocivo, evidencia la hipocresía de la política ambiental del Gobierno, que promulga la paz con la naturaleza, pero promueve la reducción de Parques Nacionales, defiende a las piñeras contaminantes y hace la vista gorda ante el aleteo de tiburones.
Por culpa de la tala en Crucitas, se han visto en semanas recientes a cientos de animales, como dantas y monos, huyendo desorientados y temerosos por los pueblos cercanos a la mina. Si por la víspera se saca el día, este proyecto será tan dañino como la mina Bellavista en Miramar, que contaminó con venenos letales las fuentes de agua de dicho pueblo, y destruyó su medio ambiente.
Ante ello, instamos a la Sala Constitucional a revisar su fallo, y a la Presidenta entrante Laura Chinchilla a que vete la minería a cielo abierto y derogue el decreto de interés nacional que Óscar Arias le otorgó al proyecto.
