- La política medioambiental de la administración Arias evidencia así su doble discurso.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, lamentan el fallo de la Sala Constitucional a favor de la explotación de oro a cielo abierto en la Mina Las Crucitas de San Carlos, y repudia la política del Gobierno que provoca la desprotección del medio ambiente.
Para nadie es un secreto que la minería a cielo abierto es una de las actividades económicas más dañinas para el entorno. La experiencia de las 3 minas de esta naturaleza que han operado en Costa Rica, nos demuestra que provocan la contaminación de fuentes de agua, tala extensiva de bosques, inutilización de los suelos, un impacto grave en la flora y fauna locales, derrames de metales pesados; además de la consecuencias negativas en la vida cotidiana de los pueblos cercanos. En el caso de Las Crucitas, se pone en riesgo la existencia de decenas de especies, desaparecerán hectáreas enteras de bosques, y hasta se podría contaminar el Río San Juan, motivo por el cual el gobierno nicaragüense no ha visto con buenos ojos a esta mina.
Con este fallo, se evidencia el doble discurso de la política ambiental de la administración Arias, que se muestra ante el mundo como promotora de la paz con la naturaleza, pero ha causado un retroceso en la conservación ambiental que ha caracterizado al país por años.
La Sala Constitucional, una vez más, responde a los intereses de grandes transnacionales y de los sectores económicamente más poderosos, en vez de oír la voz del pueblo y los expertos en el tema. Ha generado un precedente jurídico para que, en el futuro, otras empresas aduzcan el mismo derecho de destruir la naturaleza, con tal de desarrollar sus negocios.
Lo peor del caso es que, aparte de la destrucción que se provocará en la naturaleza, toda la ganancia de esta actividad no será para beneficio del país, sino para engrosar las arcas de una empresa extranjera. Los supuestos beneficios económicos que percibirían las comunidades cercanas y el país en general, además de ser escuetos, son diminutos ante el enorme daño que provocará en la zona.
El SEC exige al Gobierno de Laura Chinchilla que aplique una política ambiental honesta y coherente, acorde con las necesidades de protección del ambiente que requiere el país, y la llama a que no permita la explotación minera en Crucitas. Llamamos al Magisterio Nacional, movimiento ecologista, sectores sociales en general y comunidades afectadas, a tomar acciones para evitar las lamentables consecuencias ambientales que desde ya se pronostican.
