EL SEC CAMBIÓ SU BLOG DE NOTICIAS
Encuentre todas nuestras noticias e información de interés en nuestro nuevo blog:
EL SEC CAMBIÓ SU BLOG DE NOTICIAS
Encuentre todas nuestras noticias e información de interés en nuestro nuevo blog:
El Concejo Municipal del cantón central de Puntarenas, acordó ayer 16 de Junio de manera unánime y por acuerdo firme, solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la ley 8828, luego de un profundo análisis donde concluyeron que la misma privatiza los servicios municipales y provocará mayor desempleo y pobreza en Puntarenas.
El acuerdo se tomó con base en el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales de dicha corporación municipal. Este informe concluye que, con la creación de sociedad de economía mixta contempladas en la ley vigente, los Concejos Municipales dejarán de ser órganos de decisión política, para pasar solamente a nombrar los integrantes de las directivas de dichas sociedades, quienes serán los que decidan el rumbo y las políticas de la labor municipal. El mecanismo que contempla la ley para convertir a las municipalidades en los socios mayoritarios de dichas sociedades, tiene portillos que permitirían que "los servicios municipales traspasados a las sociedad mixtas puedan privatizarse por completo".
El informe también señala que la ley afecta los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios que se traspasen a sociedades mixtas se regirán por el lucro, con consecuencias graves para la economía de las comunidades. También se limitan los derechos democráticos de la ciudadanía, ya que los Concejos Municipales perderían toda potestad de decisión política, mientras que el Alcalde pasaría a ser quien tome las decisiones.
La sesión del Concejo contó además con la exposición de Mario Rojas Vílchez, representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Su participación fue coordinada por el sindicato de trabajadores de la municipalidad, que se opone al proyecto. De hecho, la sesión contó con una nutrida asistencia de funcionarios municipales. Rojas señaló que esta ley es inconstitucional, ya que limita la autonomía municipal al sujetarla a las decisiones de las sociedades mixtas, además de que no fue consultada a las corporaciones municipales ni fue debidamente publicada.
Se trata de un grupo de agricultores de la zona norte, que acamparon frente a Casa Presidencial durante la primera quincena de Junio, para que el gobierno valorara su caso. Ellos afirman que fueron amenazados de muerte por funcionarios del gobierno, por lo que temen por sus vidas. Su campamento fue desalojado por la Fuerza Pública y Policía Municipal el 13 de Junio. Allí la policía también los amenazó con arrestos masivos, por lo que optaron por ingresar el 15 de Junio a la UCR y pedir ayuda a las autoridades del centro. Luego de su entrada, un grupo de estudiantes de diversas carreras se ofreció a ayudarles en la redacción del escrito que presentarían a Rectoría al día siguiente, con fundamentos legales y detalles de su caso.
Al enterarse de lo ocurrido, la Fuerza Pública invadió la casa propiedad de la UCR, violentando de nuevo la autonomía universitaria. Requisaron a los presentes en medio de ofensas y burlas policiales. Sin embargo, tuvieron que abandonar el campus luego de que la policía del centro de estudios asumiera el caso.
Los campesinos expusieron de manera oral su caso ante el abogado de la Rectoría y ante el jefe de Servicio Generales de la Universidad, quienes insistieron en que no permitirían que permanecieran en el sitio. Se planteó trasladarlos a otro lugar con menos espacio, opción que rechazaron por el hacinamiento. Los agricultores les insistieron en que solo deseaban presentarse al día siguiente ante la Rectora y pedir su intervención y protección por su caso, además de permanecer bajo un techo seguro.
Sin embargo, la policía universitaria los desalojó en horas de la madrugada, al ser las 4:50 a.m., hora en que la Universidad ni siquiera había abierto sus portones. Se le ordenó retirarse a la vía pública, siendo expulsados del campus universitario. En medio del incidente, un estudiante de 18 años sufrió un ataque epiléptico. La policía y un paramédico consideraron que el caso no era una emergencia y se negaron a trasladarlo a un centro médico, dejándolo en la acera a la intemperie. Sin embargo, por la presión de los demás estudiantes, fue llevado al Hospital Calderón Guardia, donde los médicos se mostraron muy consternados por el padecimiento del joven.
Aunque se le consultó al jefe policial de la universidad, Jonnhy Badilla, si el desalojo fue ordenado por las autoridades políticas de la Universidad, se negó a responder, limitándose a decir que fue ordenado por "la jefa de todos".
En el transcurso de la semana se realizaron diversos foros de
discusión con trabajadores de la educación afiliados al SEC, quienes
con base en el documento "El SEC frente a la difícil situación que
atraviesa la provincia de Guanacaste", construyeron la propuesta que
llevarían a la actividad de clausura, que se efectuó el sábado 12 de
junio, en el Hotel La Calle de Alcalá y que contó con la participación
de una 150 personas.
La Semana Guanacasteca es parte de los actos previos a la celebración
del 198 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y
este año tiene la particularidad de que con los aportes que hicieron
nuestras estructuras en la Región, está en proceso un documento que
será entregado en la actividad oficial que realizará el Ministerio de
Educación en Nicoya el 23 de julio próximo.
Entre los principales problemas que aquejan a la provincia, señalaron
los guanacastecos, están deficiencias en el sistema de salud, escasas
fuentes de empleo, rescate de valores culturales, incremento de
muertes debido a padecimientos renales, especialmente en el Cantón de
Carrillo, donde han acontecido 15 fallecimientos en 2 meses, lo que
hace apremiante la necesidad de contar con un Hospital, pues el Ebais
no brinda todos los servicios adecuados.
Otro aspecto importante por destacar la comercialización de terrenos
sin planificación alguna, especialmente por la falta de planes
reguladores. Señalan un desmedido incremento de las Mega
construcciones, además de los conflictos indirectos que genera este
tipo de edificaciones al incrementar las ventas ambulantes, turismo
sin armonía con la naturaleza, explotación de la mano de obra
extranjera, actividades ilícitas y la amenaza a quedarse sin derecho
al agua.
Los asistentes a las actividades son del criterio que se deben
elaborar estrategias para la seguridad social, beneficio cultural,
social y económico de las comunidades.
Recomiendan dar énfasis al sector educativo, en su incidencia en la
solución a esta problemática.
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Los sindicatos y confederaciones presentaron una petición de aumento el 7.2%, porcentaje que incluye inflación acumulada, inflación adelantada, productividad y el PIB.
El otro planteamiento fue presentado por la Confederación Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (CUSIMA). Ellos piden un ajuste del 6,7% que incluye inflación vencida y proyectada.
Ambas organizaciones se apartaron de la fórmula de cálculo vigente y retaron a los empresarios a hacer un verdadero aumento salarial, que reconozca más que la inflación acumulada, como lo plantea la metodología vigente.
"Los empresarios por lo general lo que hacen es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, cuando se está en crisis dicen todos vamos por parejo pero cuando las vacas gordas llegan ahí no se va por parejo", reclamó Luis Ángel Serrano, de la Central Social Juanito Mora Porras.
Edgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), insistió en la necesidad de trabajar en aprobar una nueva fórmula de cálculo con la que se pueda repartir la riqueza generada.
El próximo miércoles será el turno de los empresarios para que planteen su ofrecimiento de ajuste y el lunes de la próxima semana quedaría definido el aumento que regirá tras la presentación de la posición del gobierno.
Los créditos personales que actualmente otorga la Junta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional a todos los cotizantes del sector
educativo han superado las expectativas trazadas originalmente.
Solo en el mes de abril, los créditos otorgados sumaron un total de
¢1.600 millones lo que evidencia el interés que ha suscitado el
programa en los trabajadores y pensionados del Magisterio Nacional.
Los dineros para los préstamos provienen del fondo del Régimen de
Capitalización Colectiva (RCC) que administra la Junta y la creación
de dicha línea crediticia forma parte de las recientes reformas
aprobadas a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional.
Los trabajadores de la educación tienen ahora esta nueva opción que
les permite obtener un crédito personal hasta un monto máximo de ¢10
millones, con una tasa basada en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), más 4 puntos.
Los miembros del Magisterio Nacional interesados en solicitar estos
préstamos a través de la Junta de Pensiones pueden acercarse a sus
oficinas centrales, ubicadas 25 metros al norte de la antigua Casa de
Matute Gómez, o bien acudir a las sucursales instaladas en distintos
puntos del país.
La información sobre los requisitos la encontrarán en la página web
www.pensiones.co.cr
En el marco de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES, que establece el presupuesto que gira el gobierno a la educación superior pública, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, respalda a las universidades estatales en su lucha para que se les otorgue un presupuesto acorde y suficiente para realizar sus labores de investigación y educación superior.
Las universidades estatales son un baluarte de la educación pública costarricense. Durante décadas, han formado a decenas de miles de profesionales en todos los campos, que hoy contribuyen con su trabajo a la economía nacional. Pero si las universidades carecen de fondos suficientes para investigar, para impartir lecciones, para fomentar la cultura y el deporte, y para ampliar y mejorar su infraestructura, se está poniendo en riesgo la formación de miles de futuros profesionales, lo que tendrá graves consecuencias para el país. El recorte de los presupuestos adecuado es tan perjudicial, que los mismos estudiantes y funcionarios de estas universidades, llaman a protestar para presionar a la administración pública a otorgarles los recursos que requieren.
Resulta contradictorio que mientras existe una voluntad política para incrementar al 8% del PIB el presupuesto educativo, hoy el gobierno aduzca que no existen recursos suficientes para asignar a las universidades estatales los fondos que solicitan. Invertir en educación pública es la única manera de construir mayores oportunidades para reducir la pobreza y garantizar la estabilidad económica y social de miles de familias. Limitar el presupuesto a las universidades públicas, es abrirle el camino a la privatización de la educación superior, porque serían las universidades privadas e institutos parauniversitarios los que absorberían a esa multitud de estudiantes que no pueden ingresar a los centros educativos superiores públicos. No permitamos que la educación superior se convierta en un privilegio para unos pocos favorecidos, ya que esto provoca la privatización de la enseñanza universitaria, la reducción del acceso a oportunidades de formación profesional, aumenta la brecha y la desigualdad social que sufre hoy en día Costa Rica.
Instamos al gobierno a que no escatime la inversión en este campo, y que en la negociación del FEES, considere la enorme importancia de financiar adecuadamente a nuestros centros educativos públicos, y por tanto les brinde el presupuesto que solicitan. Llamamos a todo el magisterio y demás sectores sociales, a permanecer alertas ante esta negociación, ya que los resultados de la misma, afectan directamente a toda la sociedad.