Luego de una primera lectura del anteproyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, gestado por el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Planificación, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) previenen al Magisterio Nacional y demás empleados públicos sobre las serias implicaciones de este proyecto para la estabilidad laboral de las y los trabajadores y la continuidad de los servicios de la administración pública.
Algunos aspectos nocivos son los siguientes:
- El personal interino se nombraría por semestre, con un plazo máximo de 1 año. Improrrogable. Además de que pueden ser cesados por la vía rápida.
- Solamente las personas servidoras en propiedad y no los interinos, tienen derecho al auxilio de cesantía cuando sean cesados por reestructuración.
- El patrono tiene amplias potestades para cambiar las condiciones del contrato laboral.
- Unilateralmente se podría poner término a la relación laboral.
- Se amplía el período de prueba a doce meses, respecto de todo ingreso en propiedad o ascenso. Sin embargo, el servidor deberá someterse a una evaluación de su trabajo para reafirmarse en el puesto.
- Cuando un trabajador o trabajadoras es trasladado con otro patrono, la plaza que ocupaba se congela por un plazo de 2 años.
- Las y los servidores podrán ser trasladados o reubicados. No obstante, si el cambio de lugar le causare graves perjuicios comprobados y éste se opusiere, podrá renunciar con derecho al pago del auxilio de cesantía.
- En los casos en que la reorganización implique un descenso en la categoría salarial, se indemnizará proporcionalmente, sin perjuicio de que el servidor pueda renunciar.
- Se promociona el teletrabajo.
- Finaliza la relación laboral si la servidora o el servidor es incapacitado, total y permanentemente y esto le impide ejecutar su labor asignada y no pudiere ser reubicado. O cuando se desempeñe en funciones que sean suprimidas.
- Promueve la aplicación del sistema de salario total único o global que se fija anualmente, y comprende un pago mensual y un pago doble mensual en diciembre. Desde 1997 el Estado ha tratado, sin éxito, de aplicarlo a sus trabajadores y trabajadoras, sin embargo, hoy lo quiere aplicar por ley. Perderíamos los pluses salariales, entre ellos la dedicación exclusiva, la prohibición, anualidades, horario alterno, recargos, aguinaldo, incentivo didáctico, carrera profesional, zonaje y zona de menor desarrollo; y se cierra la posibilidad de negociar cualquier incremento por falta de contenido presupuestario.
- Denuncias anónimas. Cualquiera puede denunciar supuestas faltas de las y los servidores, y la Administración podrá darles trámite, sin estar obligada a identificar las fuentes, lo que violenta el derecho a la defensa que contemple el debido proceso.
- Algunos servidores estarán obligados a someterse a evaluación periódica de su idoneidad.
- Insistentemente se promueve la creación de sociedades anónimas en el sector público.
- En algunos aspectos elimina la aplicación del Código de Trabajo, de la Ley de Seguro Social y el Estatuto de Servicio Civil.
- Los derechos adquiridos que sean mayores a los que establece la ley, continuarán aplicándose únicamente a los actuales servidores, por un período de cinco años improrrogable.
En vista de la situación tan difícil que se le presenta al trabajador y la trabajadora del sector público, la CTRN y el SEC hacen un llamado al Ministerio de Planificación para que no envíe este proyecto a la Asamblea Legislativa.
Todos los que se verían afectados, deben estar dispuestos a dar la lucha a capa y espada para evitar que dicho proyecto se convierta en ley y afecte nuestra estabilidad laboral y familiar.
Gilberth Díaz Vásquez, Presidente del SEC
