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miércoles, 23 de junio de 2010
lunes, 21 de junio de 2010
SEC respalda acuerdo del Concejo Municipal de San Carlos contra la mina Crucitas
"CONSIDERANDO QUE:
- El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho y de las instituciones públicas a garantizarlo.
- La Municipalidad de San Carlos apoya la defensa del medio ambiente, los Derechos Humanos y la promoción de un desarrollo compatible con la protección del medio ambiente, en el tanto coincidimos con el Convenio de Diversidad Biológica.
- Costa Rica ha apostado por un desarrollo sustentable, basado en la protección del ambiente y no en uno extractor.
- Nuestro país no es de tradición minera, y la historia nos ha enseñado que los pocos desarrollos mineros metálicos, no sólo no han beneficiado al país ni a las comunidades donde se ubican, sino que por el contrario, han dejado una triste fotografía de destrucción; con amplias pruebas de que no es una actividad compatible con el ambiente.
- Los impactos de la minería metálica a cielo abierto son estudiados rigurosamente y existe una tendencia mundial a rechazar esas prácticas.
- La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales, aún con el uso de tecnología de punta.
- Nuestra legislación minera es obsoleta y la legislación ambiental es escueta.
- Hasta la fecha no se ha conocido un instrumento que demuestre una relación positiva entre los costos socio-ambientales y los beneficios económicos del desarrollo que permitan declarar el proyecto de interés público y conveniencia nacional.
- El cambio climático coloca a la humanidad en una disyuntiva entre continuar profundizando sus impactos negativos y generando más condiciones de vulnerabilidad, o la sustentabilidad de la especie humana, lo cual nos obliga a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza.
ACUERDA:
A. Solicitar al Gobierno de la República:
- La derogatoria del Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
- Que éste y sus instituciones anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas.
- Ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años.
B. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero, que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.
C. Ofrecer nuestro Gobierno Local para realizar actividades educativas y de información acerca del tema, para lo cual contará con el apoyo de la Administración Municipal y la Comisión de Ambiente.
D. Manifestar nuestra complacencia por el decreto de la señora Presidenta Doña Laura Chinchilla Miranda, que declara la moratoria en contra de la Minería a Cielo Abierto y apoyar su decisión para modificar nuestras Leyes en el campo minero para cerrar los portillos a estas actividades anti ecológicas.
E. Solicitar a todos los Gobiernos Locales que se adhieran dando su respaldo a la Madre Tierra.
F. Remitir este acuerdo a la Presidencia de la República."
El SEC hace un llamado al pueblo a apoyar y defender el ambiente, y continuar esta lucha contra la minería a cielo abierto. La poca riqueza que quedará en el país producto de esta actividad, nunca suplirá el grave daño ambiental que heredaremos a las futuras generaciones.
Gilberth Díaz Vásquez
Presidente
Marvin Rodríguez Cordero
Secretario General
Jorge Luis Solís García
Secretario de Promoción y Relaciones Públicas
jueves, 17 de junio de 2010
Concejo Municipal de Puntarenas solicita por acuerdo unánime la derogatoria ley 8828 que privatiza los servicios municipales
El Concejo Municipal del cantón central de Puntarenas, acordó ayer 16 de Junio de manera unánime y por acuerdo firme, solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la ley 8828, luego de un profundo análisis donde concluyeron que la misma privatiza los servicios municipales y provocará mayor desempleo y pobreza en Puntarenas.
El acuerdo se tomó con base en el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales de dicha corporación municipal. Este informe concluye que, con la creación de sociedad de economía mixta contempladas en la ley vigente, los Concejos Municipales dejarán de ser órganos de decisión política, para pasar solamente a nombrar los integrantes de las directivas de dichas sociedades, quienes serán los que decidan el rumbo y las políticas de la labor municipal. El mecanismo que contempla la ley para convertir a las municipalidades en los socios mayoritarios de dichas sociedades, tiene portillos que permitirían que "los servicios municipales traspasados a las sociedad mixtas puedan privatizarse por completo".
El informe también señala que la ley afecta los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios que se traspasen a sociedades mixtas se regirán por el lucro, con consecuencias graves para la economía de las comunidades. También se limitan los derechos democráticos de la ciudadanía, ya que los Concejos Municipales perderían toda potestad de decisión política, mientras que el Alcalde pasaría a ser quien tome las decisiones.
La sesión del Concejo contó además con la exposición de Mario Rojas Vílchez, representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Su participación fue coordinada por el sindicato de trabajadores de la municipalidad, que se opone al proyecto. De hecho, la sesión contó con una nutrida asistencia de funcionarios municipales. Rojas señaló que esta ley es inconstitucional, ya que limita la autonomía municipal al sujetarla a las decisiones de las sociedades mixtas, además de que no fue consultada a las corporaciones municipales ni fue debidamente publicada.
El SEC y la CTRN expresaron su satisfacción por este acuerdo, ya que evidencia cómo las mismas Municipalidades se oponen a la ley actual. Ambas organizaciones compartieron el criterio emitido en el acuerdo, y también solicitan a la Asamblea Legislativa la derogatoria de esta ley.
El acuerdo de la Comisión que se aprobó de manera unánime por todo el Concejo Municipal puede ser consultado o haciendo click sobre este texto.
Juramentan representantes del Movimiento Sindical en el INA y la CCSS
La representación estará a cargo del Dr.Agustìn Páez Montalbàn en la CCSS y Tyrone Esna Montero en el INA, ambos por un período de 4 años.
El Dr Páez fue electo por la Centrales Sindicales, mientras que Tyrone Esna ocupa el cargo de Secretario de Educación en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
Asamblea Legislativa confirma archivo de proyecto de ley 16.003 sobre municipalización
La diputada Yolanda Acuña, del Partido Acción Ciudadana, informó ayer en una carta dirigida al SEC, que la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, acordó en su sesión del 15 de Junio, el archivo definitivo del proyecto de ley 16.003 "transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales".
Esta iniciativa fue criticada por el SEC a inicios de Junio, lo que provocó que en días anteriores esta Comisión valorara el archivo del proyecto, el cual se confirma con esta noticia.
UCR desaloja a campesinos que pedían refugio en el campus ante amenazas de muerte por funcionarios del gobierno en la zona norte
Un grupo de campesinos sin tierra que se refugiaron en una casa abandonada de la Universidad de Costa Rica, el pasado 15 de Junio, fue desalojado en la madrugada del día siguiente, sin que se les permitiera exponer su solicitud de refugio ante las autoridades universitarias.
Se trata de un grupo de agricultores de la zona norte, que acamparon frente a Casa Presidencial durante la primera quincena de Junio, para que el gobierno valorara su caso. Ellos afirman que fueron amenazados de muerte por funcionarios del gobierno, por lo que temen por sus vidas. Su campamento fue desalojado por la Fuerza Pública y Policía Municipal el 13 de Junio. Allí la policía también los amenazó con arrestos masivos, por lo que optaron por ingresar el 15 de Junio a la UCR y pedir ayuda a las autoridades del centro. Luego de su entrada, un grupo de estudiantes de diversas carreras se ofreció a ayudarles en la redacción del escrito que presentarían a Rectoría al día siguiente, con fundamentos legales y detalles de su caso.
Al enterarse de lo ocurrido, la Fuerza Pública invadió la casa propiedad de la UCR, violentando de nuevo la autonomía universitaria. Requisaron a los presentes en medio de ofensas y burlas policiales. Sin embargo, tuvieron que abandonar el campus luego de que la policía del centro de estudios asumiera el caso.
Los campesinos expusieron de manera oral su caso ante el abogado de la Rectoría y ante el jefe de Servicio Generales de la Universidad, quienes insistieron en que no permitirían que permanecieran en el sitio. Se planteó trasladarlos a otro lugar con menos espacio, opción que rechazaron por el hacinamiento. Los agricultores les insistieron en que solo deseaban presentarse al día siguiente ante la Rectora y pedir su intervención y protección por su caso, además de permanecer bajo un techo seguro.
Sin embargo, la policía universitaria los desalojó en horas de la madrugada, al ser las 4:50 a.m., hora en que la Universidad ni siquiera había abierto sus portones. Se le ordenó retirarse a la vía pública, siendo expulsados del campus universitario. En medio del incidente, un estudiante de 18 años sufrió un ataque epiléptico. La policía y un paramédico consideraron que el caso no era una emergencia y se negaron a trasladarlo a un centro médico, dejándolo en la acera a la intemperie. Sin embargo, por la presión de los demás estudiantes, fue llevado al Hospital Calderón Guardia, donde los médicos se mostraron muy consternados por el padecimiento del joven.
Aunque se le consultó al jefe policial de la universidad, Jonnhy Badilla, si el desalojo fue ordenado por las autoridades políticas de la Universidad, se negó a responder, limitándose a decir que fue ordenado por "la jefa de todos".
Los agricultores lamentaron que las autoridades de la UCR no les dieran la oportunidad de presentar su caso y de brindarles ayuda humanitaria en el interior del campus, y que en vez de ello los expulsaran del campus. Descartaron presentar la denuncia formal y escrita que ya tenían redactada para entregar ante Rectoría ese mismo día. Afirman que luego de ese desalojo abrupto, desconfiaban de las autoridades universitarias y no creían que, efectivamente, fueran a interesarse por su caso. También lamentaron que ese mismo día, Casa Presidencial les negara de nuevo una solución alternativa a su problema. Ante ello, regresaron a sus pueblos, donde temían volver.
martes, 15 de junio de 2010
SEC coadyuvará en la solución a la problemática de Guanacaste
principal objetivo es incidir en la solución a los diferentes
problemas que enfrenta esa provincia, mediante la elaboración de
planes de acción conjuntos con instituciones de la educación,
gobiernos locales y fuerzas vivas de las comunidades.
En el transcurso de la semana se realizaron diversos foros de
discusión con trabajadores de la educación afiliados al SEC, quienes
con base en el documento "El SEC frente a la difícil situación que
atraviesa la provincia de Guanacaste", construyeron la propuesta que
llevarían a la actividad de clausura, que se efectuó el sábado 12 de
junio, en el Hotel La Calle de Alcalá y que contó con la participación
de una 150 personas.
La Semana Guanacasteca es parte de los actos previos a la celebración
del 198 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y
este año tiene la particularidad de que con los aportes que hicieron
nuestras estructuras en la Región, está en proceso un documento que
será entregado en la actividad oficial que realizará el Ministerio de
Educación en Nicoya el 23 de julio próximo.
Entre los principales problemas que aquejan a la provincia, señalaron
los guanacastecos, están deficiencias en el sistema de salud, escasas
fuentes de empleo, rescate de valores culturales, incremento de
muertes debido a padecimientos renales, especialmente en el Cantón de
Carrillo, donde han acontecido 15 fallecimientos en 2 meses, lo que
hace apremiante la necesidad de contar con un Hospital, pues el Ebais
no brinda todos los servicios adecuados.
Otro aspecto importante por destacar la comercialización de terrenos
sin planificación alguna, especialmente por la falta de planes
reguladores. Señalan un desmedido incremento de las Mega
construcciones, además de los conflictos indirectos que genera este
tipo de edificaciones al incrementar las ventas ambulantes, turismo
sin armonía con la naturaleza, explotación de la mano de obra
extranjera, actividades ilícitas y la amenaza a quedarse sin derecho
al agua.
Los asistentes a las actividades son del criterio que se deben
elaborar estrategias para la seguridad social, beneficio cultural,
social y económico de las comunidades.
Recomiendan dar énfasis al sector educativo, en su incidencia en la
solución a esta problemática.
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